Policías salen con chalecos vencidos y sin gasolina debido a recortes, denuncia ANEP

23 de Sep. 2026 | 12:04 pm

Los recortes presupuestarios al Ministerio de Seguridad Pública (MSP) dejaron a la Fuerza Pública con escasez de combustible, patrullas varadas y chalecos antibalas vencidos, según denunció este miércoles la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).

En una conferencia de prensa, representantes del sindicato atribuyeron la situación a la política de austeridad y a la regla fiscal, que, según afirmaron, obligan a racionar los recursos básicos para el patrullaje diario.

Daniela López Valverde, representante de la seccional de la ANEP en la Fuerza Pública, se refirió a las condiciones en que trabajan los oficiales:

"Nos están dejando sin los insumos mínimos para trabajar. No hay combustible suficiente para los patrullajes preventivos y tenemos una gran cantidad de patrullas varadas por falta de mantenimiento, lo que deja a las comunidades desprotegidas".

López agregó que tampoco hay repuestos para reparar los vehículos ni presupuesto para renovar uniformes y chalecos antibalas vencidos, con los que, según el sindicato, se envía a los oficiales a la calle.

Los dirigentes consideraron inaceptable que se exijan resultados en seguridad mientras se recortan los recursos más básicos para proteger la vida de policías y ciudadanos.

Delegaciones con órdenes de cierre

El sindicato también denunció problemas de infraestructura. De acuerdo con la ANEP, varias delegaciones policiales del país operan en condiciones insalubres e incluso tienen órdenes de cierre sanitario del Ministerio de Salud que no se han ejecutado por falta de presupuesto para reubicarlas o remodelarlas.

En materia laboral, la organización alertó sobre la sobrecarga de trabajo que enfrentan los oficiales por el déficit de personal. A eso se suman retrasos en el pago de incentivos salariales, horas extra y pólizas de riesgos del trabajo.

La ANEP pidió al Gobierno y a la Asamblea Legislativa excluir a los cuerpos policiales de las restricciones de gasto, al considerar que la seguridad ciudadana debe ser una prioridad de Estado.