Policías filtraron datos de operativos a grupos criminales de Zona Sur, revela informe
Oficiales de Fuerza Pública. Foto con fines ilustrativos
Un informe confidencial del Ministerio de Seguridad Pública (MSP) revela que oficiales de la Fuerza Pública y otros funcionarios de esa institución presuntamente filtraban información sobre operativos a organizaciones criminales de la Zona Sur.
La Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC) elaboró el documento como parte de un análisis sobre la presunta infiltración del crimen organizado en la Dirección Regional Brunca Sur.
El informe identifica a un oficial de apellido Vásquez como uno de los principales responsables de las presuntas fugas de información. Según la DIAC, el funcionario aprovechaba su acceso a los sistemas institucionales para consultar de forma irregular datos de personas con órdenes de captura vigentes.
Cuando detectaba que una persona era requerida por la justicia, presuntamente le advertía para que huyera o se ocultara antes de que el OIJ ejecutara los operativos de captura. El reporte añade que las autoridades coordinaban el decomiso de su teléfono celular para determinar el alcance de esas filtraciones.
La DIAC también identifica a una funcionaria de apellido Elizondo, quien trabajaba como miscelánea en la Unidad Administrativa de la Zona Sur. Aunque no ejercía funciones policiales, tenía acceso a las instalaciones y, según el informe, compartía de forma sistemática información sobre movimientos y actividades de la Fuerza Pública con organizaciones criminales.
Mandos policiales coordinaban la red
El documento atribuye a un encargado de equipo de apellido Moya la coordinación de la estructura integrada por oficiales de la Fuerza Pública. Según la investigación de inteligencia, reclutaba policías para colaborar con organizaciones criminales y coordinaba el uso de patrullas en actividades relacionadas con el contrabando y el narcotráfico.
Además, el reporte señala que al menos 44 oficiales mantenían presuntos vínculos con la organización conocida como "Los Whiskeros". De acuerdo con la DIAC, esos funcionarios alertaban sobre retenes policiales, compartían rutas libres y suministraban información sobre los desplazamientos de patrullas y unidades motorizadas para evitar operativos de las autoridades.
El informe también cita intervenciones telefónicas en las que líderes criminales hacían referencia a colaboradores encargados de advertirles sobre los movimientos de "la caravana, los linces y la paca", términos que utilizaban para identificar distintas unidades de la Fuerza Pública.
Presuntos vínculos con contrabando
Supuesta relación de policías con la banda "Los Wiskeros"
La investigación agrega que consultas en el Sistema de Consulta y Registro (SICORE), junto con pesquisas del OIJ, ya relacionaban a varios uniformados con "Los Whiskeros". Entre ellos figuran oficiales de apellidos Barrantes, Estrada, Castillo, Chacón, Fernández, Gómez, Guido, Guillén, Rojas, Sibaja y Elizondo.
El reporte también identifica a un oficial de apellido Vindas, alias "El Patrón", y a un encargado de equipo de apellido Chong como presuntos líderes de estructuras policiales dedicadas al contrabando de licor. Además, vincula esas operaciones con el exoficial Michael Corella Amador, alias "Rojo", quien permanece en prisión preventiva mientras enfrenta un proceso de extradición hacia Estados Unidos.
Según el informe, oficiales de apellidos Beita, Montenegro y Zúñiga actuaban como presuntos socios de Corella en actividades de contrabando. Además, un oficial de apellido Guadamuz presuntamente ingresó a esa estructura por reclutamiento del exoficial, aunque posteriormente ambos rompieron relaciones por disputas relacionadas con el reparto del dinero y operativos.
Como parte de sus conclusiones, la DIAC atribuye esta presunta infiltración a la falta de supervisión sobre oficiales de guardia y despachadores. A criterio de los investigadores, esa situación facilitó el uso de patrullas y otros recursos públicos para favorecer a organizaciones criminales. El informe también advierte que la captura de Corella podría provocar disputas entre otros oficiales investigados por el control de las rutas de contrabando en la frontera sur.