Con cautela reciben las bancadas legislativas de los partidos Liberación Nacional (PLN), Unidad Social Cristiana (PUSC) y Movimiento Libertario (ML) la nueva propuesta de ajuste fiscal que presentó este jueves el Poder Ejecutivo.

Diputados de esas agrupaciones políticas sostienen que harán un amplio análisis del proyecto, pero no asumen por ahora compromiso alguno y reconocen que la discusión se quedará para después de las elecciones presidenciales del próximo 4 de febrero.

Mientras, la fracción parlamentaria del Frente Amplio anunció su completo rechazo a la iniciativa.

Mediante un comunicado de prensa, reconoció que el país enfrenta un elevado déficit fiscal, pero reiteró que no apoyará ninguna iniciativa que implique recortes en el sector público o aumento de impuestos para la clase popular.

"La fracción del Frente Amplio declara públicamente su rechazo a este paquetazo fiscal. Queremos soluciones responsables, no demagogia", indicó.

Mario Redondo, diputado de Alianza Demócrata Cristiana (ADC), por su parte, dijo que el texto puede ser mejorado, pero enfatizó en que el Congreso "tiene la obligación de resolver algo en materia fiscal".

"Me parece que este es el texto más mesurado que se ha planteado en los últimos años. Lo más cercano a algo que puede ser políticamente viable es este texto", manifestó, aunque aclaró que no lo ha revisado por completo.

La propuesta

La propuesta que el Ejecutivo entregó a la Asamblea Legislativa mantiene la transformación del impuesto de ventas en el Impuesto al Valor Agregado (IVA), pero descarta la pretensión de establecer una tasa del 15%. La deja en un 13%.

Pero amplía la base de bienes y servicios que se cobrarían con una tasa preferencial del 4%. Esta se aplicaría a los tiquetes de avión que se compren en Costa Rica, libros y servicios privados de salud, así como la educación primaria y secundaria.

La tasa del 13% se mantendría a servicios de streaming (como Netflix y Spotify), abogados, gimnasios, espectáculos, actividades deportivas, electricidad y alquileres superiores a los ₡425 mil.

La propuesta también incluye la reforma al impuesto sobre la renta y proyectos para contener el gasto público, como reformas al pago por dedicación exclusiva, prohibición y anualidades en el sector público.

Además, contiene el tope a los salarios de lujo y la regla fiscal para limitar el crecimiento del gasto público.

Reservas

Paulina Ramírez, diputada del PLN y presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios, explicó que la propuesta será sometida a valoración de su fracción, pero dejó claro que no hay ningún acuerdo con el Gobierno.

Esto, a pesar de que la Casa Presidencial comunicó este jueves que el proyecto fue consensuado con las diferentes fuerzas políticas representadas en el Parlamento.

"Estamos esperando tener más claro el panorama (…) No hay acuerdo con el Gobierno. Tendría que valorarse la propuesta. Seguimos manteniendo nuestra posición de que primero va el tema de gasto y luego el de impuestos", declaró.

Luis Vásquez, subjefe de la bancada del PUSC, recordó que para aprobar la iniciativa se requiere un mínimo de 38 votos e indicó que analizarán el documento.

Manifestó preocupación por la transformación del impuesto de ventas en el IVA sin retorno y por el gravamen de un 4% a los tiquetes de avión.

"Estamos anuentes a estudiar el expediente y valorarlo. Dependerá de las modificaciones que podamos hacer en las consideraciones que tenemos para ver si se aprueba o no", expresó.

Natalia Díaz, jefa de fracción del Movimiento Libertario, adelantó que primero revisarán la propuesta para reducir el gasto público.

"No podríamos avalar mientras no analicemos la propuesta de reducción del gasto y analicemos si guarda proporción la propuesta de reducción del gasto con los impuestos que se quieren aumentar", puntualizó.

Aunque el Poder Ejecutivo convoque la reforma para las sesiones extraordinarias del Congreso que arrancarán el 1 de diciembre, los diputados dudan que se apruebe en ese mes y sostienen que la discusión se quedará para después de los comicios nacionales.