Plan de ejecución de la pena pasa a discusión al plenario legislativo
La Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa dictaminó de manera afirmativa el proyecto de Ley de Ejecución de la Pena. Tras el dictamen de este foro, ahora la propuesta pasará al plenario legislativo para su discusión y que los congresistas le presenten mociones de fondo.
El proyecto busca regular los beneficios carcelarios que reciben los privados de libertad.
La propuesta también establece que las personas que sean condenadas por crimen organizado, tráfico de drogas, homicidio o femicidio no podrán solicitar esos beneficios.
Además de regular los beneficios carcelarios, la intención del plan es delimitar los derechos y deberes de las personas sentenciadas, para brindar un marco de seguridad jurídica a ese procedimiento, y plantea un desarrollo sobre las funciones del Sistema Penitenciario Nacional, como dependencia del Ministerio de Justicia y Paz que tiene a su cargo el control y vigilancia de la efectiva ejecución de la sanción penal.
La diputada independiente, Gloria Navas Montero, mencionó que el plan tiene reformas sobre temas disciplinarios. También delimita la manera de hacer los estudios para la ejecución de la pena.
La legisladora dijo que estos aspectos, hasta ahora, no se han regulado por ley, sino mediante circulares y reglamentación, lo que hace que pierda la parte técnica.
Para Díaz, la propuesta va a regular el sistema penitenciario y se va a establecer la salida de las personas de una manera anticipada del sistema penitenciario, tanto por la vía administrativa como judicial.
Mencionó que también es importante porque establece cómo se deben realizar las audiencias, pues actualmente no está regulado.
En el Poder Judicial otros jerarcas se han manifestado acerca de la necesidad de esta ley. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre Gómez, señaló que al aprobar esta ley se procura garantizar el cumplimiento de penas impuestas a las personas condenadas y dar una seguridad jurídica al debido proceso.
Según Aguirre, esto se logra mediante una clara definición de las competencias de las personas juzgadoras y del Poder Ejecutivo. "Esta propuesta da certeza y seguridad jurídica a los actores encargados de la administración de la justicia, además establece parámetros para uniformar los criterios a la hora de ejecutar sanciones penales y medidas de seguridad impuestas por los tribunales", manifestó Aguirre semanas atrás.