Plan busca exigir mejoras tecnológicas en contratación de obra pública
Un proyecto de ley pretende exigir la mejora tecnológica en las contrataciones de obra pública.
Para los diputados proponentes, el país puede verse beneficiado si se aplican las últimas tecnologías y metodologías en las contrataciones de obra pública, particularmente porque es una actividad productiva que genera competitividad, reactivación económica y fuentes de empleo para el país.
Explicaron que, el artículo 22 de la Ley General de Contratación Pública regula la compra pública innovadora, que contempla la posibilidad de adquirir bienes, obras o servicios nuevos o significativamente mejorados en aspectos tales como sus procesos de producción, de construcción o nuevos métodos para su realización. Sin embargo, se requiere de una disposición que realmente fuerce que el Estado costarricense incorpore en sus compras públicas los últimos avances tecnológicos, haciendo obligatorio que los pliegos de condiciones incorporen dichos avances.
Un ejemplo de las tecnologías, según los diputados, es que con esta ley podrían implementarse en el país en todos los contratos de obra pública es el de "Building Information Modeling" (BIM por sus siglas en inglés o Modelado de Información de Construcción en español). BIM es actualmente la principal metodología disponible para la industria de la infraestructura y la construcción. Utiliza modelos 3D para gestionar y visualizar proyectos de construcción y es un habilitador para que se puedan adoptar otras metodologías asociadas a la productividad y sostenibilidad.
Con la propuesta, se adiciona un artículo 22 bis a la Ley General de Contratación Pública, para que se exijan las últimas tecnologías y metodologías disponibles en el mercado para las contrataciones de obras públicas que se tramiten mediante licitación.
Asimismo, adiciona un inciso e) al artículo 128 de la Ley General de Contratación Pública, para que la Autoridad de la Contratación Pública publique el listado de tecnologías y metodologías más novedosas, habiendo consultado previamente a los colegios profesionales, cámaras empresariales y demás sectores involucrados.
El proyecto fue presentado por los diputados Paulina Ramírez (Liberación Nacional), Olga Morera (Nueva Republica), Diego Vargas (Liberal Progresista) y Horacio Alvarado (Unidad Socialcristiana).