Piezas de contrabando alteran la capacidad de disparo de las armas, advierte el OIJ

26 de Ago. 2026 | 1:57 pm
Imagen ilustrativa.

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La proliferación y el contrabando de dispositivos como switches o chips, que modifican la capacidad de disparo de las armas de fuego, mantienen en alerta al Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Se trata de aditamentos mecánicos que se colocan en el cajón de mecanismos o en el sistema de disparo para aumentar la cadencia de tiro, es decir, la velocidad con la que el arma dispara municiones. Estas piezas pueden convertir un arma semiautomática en automática y aumentar su letalidad.

Ejemplo de uno de estos dispositivos.

Ejemplo de uno de estos dispositivos.

La Policía Judicial identificó esta práctica entre las modalidades que utilizan los grupos delictivos para traficar armamento y fortalecer su poder. Las organizaciones criminales emplean estas armas modificadas para disputar territorios, amenazar, cometer asesinatos y, recientemente, atentar contra las autoridades.

Farlem Portuguez, investigador de la Sección de Delitos Varios del OIJ, explicó que el tráfico de armas es un fenómeno complejo y constante. Además, señaló que el armamento desempeña un papel cada vez más relevante en la comisión de delitos.

Para las autoridades no solo es importante decomisar las armas, sino también determinar su origen y establecer cómo llegaron a manos de los delincuentes.

Tráfico de armas

El tráfico de armas no consiste únicamente en ingresar ilegalmente un arma dentro de una maleta, pues existen muchas otras modalidades. Una de ellas es el uso de testaferros, quienes prestan su nombre para comprar armas de manera legal y luego entregarlas al crimen organizado.

Esta práctica forma parte de una categoría que las autoridades denominan "desvío de armas".

La categoría también incluye el robo de armas a personas que cuentan con los permisos correspondientes. En estos casos, los propietarios no entregan el armamento voluntariamente.

Asimismo, comprende la sustracción de las armas que las empresas de seguridad privada mantienen para prestar sus servicios y que posteriormente terminan en el mercado ilegal.

Armas fantasma y ensambladas

El OIJ también identificó el uso de armas ensambladas y armas fantasma.

En el primer caso, personas con conocimientos generales sobre armas de fuego utilizan un cajón de mecanismos para construir otro dispositivo con piezas de venta libre.

Por su parte, las armas fantasma se fabrican mediante impresión 3D con filamentos. Esto las hace prácticamente imposibles de rastrear, debido a que no tienen número de serie ni existe un registro de quién las imprimió.

Sin embargo, los materiales utilizados en su fabricación reducen su vida útil. Por lo general, estas armas solo soportan uno o dos disparos antes de quedar inservibles.

Portuguez detalló que estos casos todavía son poco comunes en Costa Rica.

Armas modificadas y contaminación de mercancías

Las autoridades también identificaron otras modalidades, como la contaminación de contenedores y los envíos consolidados.

El primer grupo consiste en ocultar armas en las paredes, los pisos o los sistemas de refrigeración de los contenedores, tal como ocurre con el tráfico de drogas.

En el caso de los envíos consolidados, los cargamentos contienen cientos de paquetes destinados a comercios como outlets o tiendas de artículos usados. Debido al volumen de mercancías, las armas pequeñas o las piezas sueltas pueden pasar inadvertidas.

Tráfico de armas preocupa al OIJ

Portuguez indicó que, si bien las armas de fuego no son el único elemento utilizado para cometer homicidios, sí facilitan estos delitos y brindan una ventaja a los agresores.

Los grupos criminales venden las armas ilegales mediante transacciones directas o las intercambian por drogas o por la ejecución de algún delito.

Los precios varían considerablemente. Un arma de nueve milímetros puede costar cerca de $1.200 en el mercado legal, mientras que en el ilegal su valor oscila entre $2.400 y $2.500.

Por su parte, los fusiles tipo AR-15 cuestan entre $2.400 y $2.500 en el mercado legal. Sin embargo, su precio puede alcanzar entre $4.000 y $5.000 en el mercado ilícito.