Piden a bancos retener utilidades que giran al Infocoop
El diputado Francisco Camacho también pidió la intervención de la Contraloría General de la República. (CRH)
El diputado del Frente Amplio Francisco Camacho pidió a las juntas directivas de los bancos Nacional, de Costa Rica y Bancrédito, retener las utilidades que por ley deben girar al Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop).
La solicitud, también suscrita por otros legisladores, la hizo por los cuestionamientos revelados por una auditoría de la Contraloría General de la República (CGR).
En el informe DFOE-PG-IF-14-2016 de la CGR, dado a conocer en diciembre anterior, se detectaron graves deficiencias en el otorgamiento de créditos por parte del INFOCOOP y se señalaron serios vacíos en los procesos para conceder y supervisar el financiamiento que este instituto brinda a las cooperativas.
"De manera asombrosa se descubre que existen errores matemáticos en la fórmula que la entidad emplea para calcular su tasa de equilibrio, mediante la que valora si un crédito es rentable o subsidiado. Esta situación habría ocasionado pérdidas superiores a los ₡20 mil millones en los últimos cinco años, según análisis técnicos adicionales", indica la carta enviada a los bancos por los diputados.
Además, la entidad fiscalizadora cuestionó que más del 60% de los recursos de colocación crediticia esté concentrado en 20 organizaciones, lo cual resulta alarmante porque en Costa Rica existen cerca de 600 cooperativas, lo que refleja una profunda inequidad en la distribución del dinero.
También, según un comunicado de Camacho, la cartera del Infocoop alcanzó durante el 2016 un nivel de morosidad del 12%, lo que es excesivo para cualquier entidad financiera.
"Considerando que con un 10% de las utilidades el Infocoop es el principal destinatario de los recursos de los bancos del Estado, estimamos oportuno remitirles la presente a fin de que se atienda este asunto con el rigor, la ética y la celeridad que el caso amerita", se indica en la carta.
Camacho también envió una carta a la contralora general de la República, Marta Acosta, para que actúe con rigor en este asunto, señale responsables y establezca los órganos disciplinarios correspondientes.