PGR hará reclamo económico por aparentes anomalías en crédito de BCR para Bolaños
Abogacía del Estado no detalló el monto que pedirá como indemnización
(CRHoy.com) La Procuraduría General de la República (PGR) hará un reclamo económico por las aparentes anomalías dadas en el otorgamiento de un crédito del Banco de Costa Rica (BCR) para la importación y nacionalización de cemento procedente desde China.
El departamento de comunicaciones de la Abogacía del Estado confirmó, ante consulta de CRHoy.com, que tras hacer el análisis correspondiente se optó por interponer una querella y una acción civil resarcitoria.
La primera de las figuras es una acusación privada, separada de la formulada por la Unidad Especializada de la Fiscalía General de la República, mientras que la segunda, es medio a través del cual una víctima o tercero interesado puede cobrarle a un acusado los daños y perjuicios ocasionados.
Este medio pidió el detalle del reclamo que se hará en el expediente 16-000013-0033-TP, pero la oficina de prensa indicó que aún no se ha efectuado el cálculo correspondiente. Tampoco se detallaron las personas contra las cuales se presentarán las gestiones.
Dos días atrás, el Ministerio Público informó que acusó y pidió abrir juicio al dueño de Sinocem Costa Rica, Juan Carlos Bolaños Rojas, así como sus gerentes de apellidos Rojas Segura y Cortés Zuñiga.
Misma solicitud se hizo contra seis personeros de la entidad financiera, a saber, su expresidenta, Paola Mora Tumminelli, su director de Gestión de Créditos, de apellidos Ramírez Rodríguez; el ex subgerente de Banca Mayorista, Víquez Lizano; el exgerente corporativo de Riesgos y Control de Crédito, Barrantes Campos; el ex subgerente de Banca Minorista, de apellidos Corrales Barboza; y ex subgerente de Finanzas y Riesgo, de apellidos Acuña Alvarado.
A ellos se les achacan los presuntos delitos de peculado, tráfico de influencias, influencia contra la Hacienda Pública, falsedad ideológica, uso de falso documento, falsificación de documento público, captación indebida de manifestaciones verbales y receptación, legalización de bienes.
La causa en cuestión persiguió presuntas irregularidades en el negociación, aprobación, desembolsos y posterior renovación de dos líneas de crédito por más de $30 millones ($20 millones para la compra y el equivalente a $10 millones para la nacionalización del producto) para que Bolaños Rojas importara cemento desde China.
Las aparentes anomalías de la alta administración de la institución financiera -ocurridas entre 2015 y 2017- permitieron el otorgamiento y continuo desembolso de fondos públicos en detrimento de los intereses del banco y en favor de la compañía.
CRHoy.com dio a conocer en junio de ese año supuestas anomalías con los préstamos hechos a esa empresa, a partir de denuncias presentadas por directivos del Banco de Costa Rica en sesiones de la Junta Directiva. Un mes más tarde, la Asamblea Legislativa instaló una comisión especial que investigó las supuestas irregularidades con los créditos otorgados. En ese foro se destaparon situaciones relacionadas a la presunta influencia que el empresario tenía sobre políticos y funcionarios judicial.
En octubre de 2017, debido a esa cadena de eventos, la Corte Plena separó al entonces fiscal general de la República, Jorge Chavarría Guzmán, por considerar que -aparentemente- incumplió sus labores después de que en 2015 recibió denuncias sobre un posible tráfico de influencias entre Bolaños Rojas y los otroras diputados, Otto Guevara Guth (Partido Movimiento Libertario – PML) y Víctor Morales Zapata (Partido Acción Ciudadana – PAC).
Los magistrados de la Sala de Casación Penal, Carlos Chinchilla Sandí (en ese momento, presidente del Poder Judicial) y Doris Arias Madrigal, se acogieron en julio de 2018 a su pensión, luego de ser sancionados por desestimar una causa penal contra los exparlamentarios. El Congreso, por su parte, destituyó en abril de 2018 al magistrado de la Sala de Casación Penal, Celso Gamboa Sánchez, por sus nexos con el importador del cemento chino.
En medio de los cuestionamientos, Emilia Navas Aparicio asumió de forma interina la jefatura del Ministerio Público y llevó a cabo una serie de allanamientos, con los que capturó a Bolaños Rojas y los entonces funcionarios del Banco de Costa Rica, en noviembre de 2017.
Al 13 de julio, el Banco de Costa Rica mantenía bajo estudio la posibilidad de formular una querella o una acción civil resarcitoria.