Pese a objeciones de PGR, diputados aprueban proyecto para intercambiar propiedades estatales con empresas privadas
La tarde de este jueves, con 33 votos a favor, los diputados aprobaron un proyecto de ley que pretende intercambiar dos terrenos del Estado con propietarios privados en Golfito, con la intención de que las tierras sirvan para un desarrollo turístico vinculado con la marina de ese cantón puntarenense.
El plan consiste en la desafectación del uso público de bienes demaniales del Estado a cambio de otras propiedades de sujetos privados, en un proceso conocido como permuta.
Los congresistas aprobaron la iniciativa a pesar de que, en tres oportunidades, la Procuraduría General de la República (PGR) les advirtió sobre la ilegalidad de la propuesta de ley.
En contra del proyecto votaron nueve congresistas de las bancadas del Frente Amplio, Liberación Nacional e independientes.
La iniciativa fue presentada en abril de 2022 por los exdiputados de Nueva República, Carmen Chan Mora, Erwen Masís Castro y Gustavo Viales Villegas.
El texto del expediente menciona que el objetivo es "generar, con recursos e inversión privada, un espacio o complejo turístico que permita posicionar la zona del Pacífico Sur del país como un destino atractivo para los navegantes, los amantes de las actividades náuticas —ante la cercanía de la marina— y, en general, para el turismo".
Actualmente, los terrenos que se buscan intercambiar están destinados a la explotación y funcionamiento del ferrocarril y del muelle de Golfito, por lo que "no resulta procedente su desafectación", según la PGR.
"Solo podrían desafectarse si se llegara a determinar, técnicamente y con base en el criterio de las autoridades legales competentes, que esos bienes no tienen ningún interés para la explotación del ferrocarril y del muelle de Golfito y que, de hecho, no están destinados a esos fines, ni existe un interés potencial en utilizarlos para la prestación de esos servicios públicos", explicó la Procuraduría.
Aunque la opinión de la PGR no es vinculante, el ente mencionó que este tipo de intercambio va en contra de lo que señala la Constitución Política.
"Tómese en cuenta que el propio texto propuesto reconoce que la capitanía de puerto se ubica en una porción que estaría siendo desafectada, pues en el artículo 5 se establece la obligación del adquirente de ejecutar las obras que impliquen su traslado", advirtió la Procuraduría.
Además, la PGR señaló que, al tratarse de varios sujetos privados que recibirían los terrenos públicos, no queda claro cuál de ellos quedaría obligado a cumplir con las obras exigidas en el proyecto, en relación con la capitanía de puerto y sus tanques de agua.