PAC intenta lavarse la cara por UPAD cuestionando proyecto de rastreo de ciudadanos
(CRHoy.com) La fracción legislativa del Partido Acción Ciudadana (PAC), que defiende y justifica la creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) ahora sale a dar un discurso en el que se pronuncia en contra del proyecto del diputado liberacionista, Daniel Ulate, que intenta facultar al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para que brinde a instituciones públicas y comercialice con empresas privadas datos personales y sensibles de los costarricenses.
Mientras que por un lado los legisladores oficialistas defienden la UPAD y la intención del gobierno de Carlos Alvarado de inmiscuirse y tener acceso irrestricto a los datos confidenciales y sensibles de la población, por otro lado ahora atacan al proyecto de Ulate y lo catalogan como "grave".
"Es bastante grave", dijo Carolina Hidalgo, diputada y miembro de la comisión investigadora del caso UPAD en el Congreso.
Además, por medio de un comunicado los legisladores oficialistas ahora sí hablan de que el manejo de datos de los ciudadanos debe discutirse tomando en cuentas aspectos técnicos, conceptuales y hasta de derechos humanos.
"La fracción del PAC manifiesta su oposición a cualquier iniciativa de ley que tienda a violentar estos principios con respecto al manejo de datos biométricos en la institucionalidad pública. La recopilación, el procesamiento y utilización de datos biométricos –como el rostro o las huella dactilares–, deben ser discutidos no sólo con mucha profundidad en aspectos técnicos y conceptuales, sino con un enfoque de derechos humanos", dice ahora la fracción legislativa del gobierno.
El proyecto de ley 21.321 del diputado liberacionista, Daniel Ulate ya fue dictaminado afirmativamente por la Comisión de Gobierno y Administración del Congreso el pasado 12 de noviembre.
El plan busca permitir el rastreo de ciudadanos mediante su identificación facial, también pretende facultar al TSE para que brinde a instituciones públicas y comercialice con empresas privadas datos personales sensibles, como lo son informaciones biométricas, es decir, huellas dactilares, información para reconocimiento facial, de la voz, la retina y de ADN.
Este permiso que se le quiere dar al TSE se gestiona en momentos en los que el país, como quedó demostrado con el polémico caso de la UPAD, no tiene una ley robusta para la protección de los datos personales, confidenciales y sensibles de los ciudadanos.
Ese plan autoriza al TSE a crear, como reserva de Estado, una plataforma nacional de identificación biométrica. Los diputados dieron su aval al texto alegando que permitirá al Ministerio de Seguridad Pública, al Organismo de Investigación Judicial y a la Fiscalía "ser más eficientes" en sus investigaciones policiales para el rastreo de personas involucradas en hechos delictivos.
Expertos como los abogados especialistas en protección de datos y ciberseguridad, Mauricio París y Adalid Medrano han advertido de su peligrosidad.