(CRHoy.com) -El Gobierno de Carlos Alvarado "no tiene cara" para pedirle a la Asamblea Legislativa que le apruebe más presupuestos extraordinarios, préstamos o colocación de más Eurobonos en el mercado externo, luego de permitir que los funcionarios de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) conserven sus millonarios privilegios salariales en perjuicio de todos los costarricenses.

Con mucha indignación, esta es la postura que tienen la mayoría de las bancadas legislativas de oposición, algunos de cuyos diputados aseguran que lo pensarán dos veces antes de dar sus votos a las peticiones del Poder Ejecutivo para elevar el gasto público mientras otros, de manera categórica, le dicen que no cuenten con ellos.

"Depende de para qué. Si es para gasto, el Gobierno no tiene cara. Si se trata de empréstitos para a sustituir deuda costosa por deuda más barata o si se trata de obra pública, es un tema que se puede considerar mientras tengamos la seguridad de que no se trata de préstamos para gasto corriente. En ese caso, no tendrían cara, no tendrían ni nariz para hacerlo", dijo Carlos Ricardo Benavides, legislador del Partido Liberación Nacional (PLN) y presidente del Congreso.

Manifestó que en el acuerdo al que llegó el Gobierno con los sindicatos de la Caja ni siquiera se planteó que los funcionarios que se fueron a la huelga de manera ilegal repongan el tiempo perdido necesario para las citas y operaciones médicas que se suspendieron.

Pero, además, si tienen que trabajar más horas se les pagará "extras", según indicó Román Macaya, presidente ejecutivo de la CCSS.

"Se fueron a la huelga, no trabajaron, les pagaron el salario y, además, para reponer el tiempo parcialmente, les van a pagar extras. Pero no es les van, les vamos a pagar los asegurados las extras, y eso es ingrato", declaró.

Benavides aseguró que los cuestionamientos de los sindicatos a la regla fiscal no tienen ningún sentido porque desde un principio la Asamblea Legislativa excluyó de la aplicación de la misma al seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), a las pensiones del régimen no contributivo y al seguro de enfermedad y maternidad, cuando se aprobó la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

"Aquí el tema son los pluses salariales y la forma de cálculo de las anualidades, esa ha sido la discusión en el fondo, que el Gobierno finalmente decidió dejarlo en manos de los Tribunales Contenciosos Administrativos. El problema de esa decisión es que mientras se resuelve van a pagar en la fórmula de cálculo que los sindicatos quieren que se pague", agregó.

Su compañera de bancada, Ana Lucía Delgado, presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios -órgano que estudia presupuestos ordinarios, extraordinarios y créditos- admitió que revisarán lo que está pendiente en la agenda, como lo es una quinta modificación presupuestaria.

"Tenemos que revisar que la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas fue una expresión contundente desde un punto de vista legal para que existiera contención del gasto. Si no existen esfuerzos para contener el gasto, bajo ninguna circunstancia permitiremos que se siga gastando el dinero de los costarricenses", sostuvo.

Votos en suspenso

El apoyo de bancadas de oposición a nuevas solicitudes del Gobierno para elevar el gasto público prácticamente queda en suspenso por ahora.

"No es una decisión que hayamos tomado en fracción. Pero, personalmente, no estaría dando mi voto para más créditos, puesto que el Gobierno tiene dinero, ya que la Caja y los sindicatos pueden hacer los que les venga en gana", respondió la legisladora María Inés Solís, jefa de bancada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

El congresista Eduardo Cruickshank, jefe de fracción del Partido Restauración Nacional (PRN), fue más categórico.

"Ante el incumplimiento del pacto social suscrito con los costarricenses en el que el Gobierno se comprometió a contener el gasto público y a cobrarle más impuestos a los costarricenses, no tiene derecho a venir a pedir más impuestos, no tiene derecho a venir a pedir más préstamos, más Eurobonos", afirmó.

Aseguró que la única forma para dar sus votos es que el Poder Ejecutivo eche para atrás la decisión tomada.

Jonathan Prendas, del bloque independiente Nueva República, dijo que si el Gobierno pide más plata a la Asamblea Legislativa, lo hará con la cara que no tiene: la de la credibilidad.

"El Gobierno para poder tocar puertas no solo en la Asamblea Legislativa, sino de cualquier otro actor, tiene que generar credibilidad y confianza (…) El Gobierno, una y otra vez, salta la legislación y hace lo que quiere, de forma antojadiza", declaró.

Advirtió que la decisión del Ejecutivo tendrá implicaciones graves porque infringió la ley y eso tiene su penalidad.

"La Ministra de Hacienda (Rocío Aguilar) no puede venir aquí a pedir más porque hace semana y media dijo en la Comisión de Asuntos Hacendarios que la regla fiscal se iba a aplicar al 100%. Y ahora vemos que no", añadió.

Gobierno rompe reglas

El diputado Otto Roberto Vargas, del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC), acusó al Gobierno de romper las reglas del juego para complacer a los sindicatos.

"Los sindicatos hicieron morder el polvo al Gobierno y Víctor Morales (Ministro de la Presidencia) en las primeras de tanteo nos está quedando sumamente mal. Se perdieron más de 64 mil citas médicas, gente que necesitaba operaciones, medicinas, se quedan sin ser atendidos en el momento en que los sindicatos deciden levantarse en huelga", opinó.

En su criterio, "Albino Vargas y su comparsa son los que están manejando este país (…) Don Carlos Alvarado: ¡consígase un Albino Vargas que nos organice para que las cosas puedan funcionar en este país!".

El legislador independiente Erick Rodríguez dijo que al Gobierno debería darle vergüenza, si pide la aprobación de más presupuestos y préstamos a la Asamblea Legislativa.

"Estamos cobrando el Impuesto al Valor Agregado y diciéndole a la gente que se sacrifique, pero a la Caja que no cumpla la regla fiscal. Hay dos tipos de ciudadanos en este país: los que trabajan con la Caja y los que estamos fuera", opinó.

Manifestó que el Gobierno "no puede ser tan cara dura" y "charlatán" para continuar por esa vía.