OIJ reprocha que durante años se desoyeran advertencias sobre obras mal hechas
Policía recopiló numerosas alertas entre 2016 y 2019 sobre fallas en proyectos
(CRHoy.com). Un análisis de la Sección de Anticorrupción y de Delitos Financieros (Sadef) del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en enero de 2021 recogió reiteradas advertencias hechas entre los años 2016 y 2019 por el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme), de la Universidad de Costa Rica (UCR), sobre deficiencias en obras viales a cargo de empresas investigadas en el caso Cochinilla.
Los informes, que advertían problemas en la colocación de mezcla asfáltica o en la ejecución de trabajos, refuerzan las sospechas sobre acciones sistemáticas destinadas a presuntamente defraudar al Estado bajo el amparo de la construcción de obra de dudosa calidad.
Para el OIJ, existieron debilidades en el papel fiscalizador que debía ejercer la Contraloría General de la República (CGR) y señaló que las compañías hallaron un portillo en razón de que los análisis de auditoría de Lanamme no son vinculantes para el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) o el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).
Por ejemplo, en 2016, el laboratorio advirtió deficiencias en la rehabilitación de la ruta nacional 118, en secciones comprendidas en Grecia, Sarchí y Naranjo. En esos trabajos, a cargo de la empresa H.Solís, se detectaron: espaldones sin revestir o sin impermeabilización de las capas inferiores, filtración de agua, socavación de la mezcla asfáltica y desprendimiento de material asfáltico.
En ese mismo año, Lanamme avisó sobre deficiencias en los productos hechos en las plantas asfálticas de MECO (La Uruca) y Hernán Solís (Abangares y Guápiles). Por ejemplo, el contenido del asfalto presentaba valores por debajo del límite inferior establecido para el parámetro Marshall y, como consecuencia, la mezcla podía ser inestable y generar deformaciones en la carpeta asfáltica.
Entre 2016 y 2017, el laboratorio alertó que en la ruta nacional 4 (a cargo de MECO) se visitó un frente de bacheo en un trabajo de conservación vial y se observó una inadecuada colocación de material en 60 metros de la vía. Se puso mezcla asfáltica sobre una superficie agrietada y con huecos profundos, sin mediar preparación previa.
Asimismo, en abril de 2018, otro informe señaló diferencias de más de 1.000 kilos entre el peso de vagonetas despachadas desde planteles de MECO con mezcla asfáltica hacia las zonas de pesaje en trabajos de conservación en la vía Ciudad Quesada-La Marina, en San Carlos.
En otro caso detectado en marzo de 2017, en la ruta nacional 3, en Atenas, se encontraron daños en una mezcla asfáltica que fue colocada 1 año antes. Los trabajos estuvieron a cargo de la empresa Conansa.
En fecha más reciente, el 7 de febrero de 2019, Lanamme advirtió que la rehabilitación de la ruta nacional 219 en la zona norte de Cartago (a cargo de H.Solís), hecha entre mayo y setiembre de 2017, presentaba desplazamientos de la mezcla debido a una mala colocación.
En marzo de ese mismo año, se advirtió al MOPT sobre la ausencia de inspección en las plantas privadas de producción de asfalto, lo cual abriría la posibilidad de que exista una inadecuada elaboración del producto sin que la Administración se percate.
Para el OIJ, el que los informes del laboratorio no sean vinculantes abrió una puerta para que las constructoras cometieran irregularidades. Incluso, aseguró que es incomprensible que esto sucediera tomando en cuenta la capacidad técnica de la Lanamme.
En contraparte, las empresas contrataban a laboratorios privados para contrarrestar las advertencias.
"(…) hay un análisis incuestionable. Sus resultados son completamente concordantes con la realidad de nuestras carreteras, siendo esto no abstracto para nadie. Resultando entonces que estas alertas no son una invención del Lanamme, ni lo contrario. Han sido una herramienta técnico científica que siempre ha estado ahí, pero que por los intereses privados de un sistema de construcción basado en una sobreproducción mediocre un sobregasto maliciosamente planificado, ha representado más bien la piedra en el zapato para este mecanismo", cita el informe del OIJ.
Los diputados de la comisión legislativa que investiga el caso Cochinilla valorarían un cambio legal para que los informes del laboratorio sean vinculantes.