OIJ: la solución a la criminalidad está en el empleo, la educación y el desarrollo social
Michael Soto, director general a.i. del OIJ, subrayó que el trabajo coordinado y estratégico de las autoridades judiciales permiti frenar el acelerado repunte de los homicidios.
El jerarca advirtió que la acción policial constituye un mecanismo de contención temporal e insuficiente para resolver una problemática que tiene raíces en problemas sociales y económicas.
Sobre el origen del panorama delictivo, Soto señaló que el posicionamiento del país como un centro de distribución o hub del narcotráfico internacional ha sido el principal detonante de la crisis.
La condición geográfica y logística provoca una constante y sangrienta disputa por el control de los territorios entre diversas organizaciones criminales.
Esa confrontación armada impulsó el aumento de la violencia y convirtió al 2023 en el año más violento de la historia del país, con un récord de 905 homicidios. La magnitud del problema también queda reflejada en los decomisos de droga, que han alcanzado hasta 70 toneladas anuales.
Para el jerarca, esta cifra representa un éxito para las fuerzas policiales, pero también constituye un preocupante indicador del enorme volumen de estupefacientes que transita por el territorio nacional.
Las autoridades judiciales implementaron, a partir de 2024, un plan de control de la violencia orientado a debilitar las finanzas y la capacidad operativa de las organizaciones criminales.
Entre las principales medidas destacan la creación de unidades especializadas contra el crimen organizado en todas las delegaciones del OIJ y el fortalecimiento del combate al narcomenudeo, lo que permitió triplicar la cantidad de investigaciones en esta modalidad delictiva para atacar el origen de muchos conflictos entre grupos locales.
Soto destacó que los resultados han sido posibles gracias a una coordinación estrecha entre el OIJ, el Ministerio Público y la Fuerza Pública.
Ese trabajo conjunto, afirmó, comenzó a reflejarse en una reducción sostenida de los homicidios. Después del máximo histórico de 905 asesinatos registrado en 2023, las cifras oficiales descendieron a 876 casos y posteriormente a 870. De mantenerse la tendencia actual, la proyección es cerrar este año con menos de 800 homicidios.
Michael Soto, primero de derecha a izquierda, director a.i. del OIJ, estuvo acompañado de otros jerarcas del Poder Judicial. CRH
Este descenso de la violencia ha coincidido con un endurecimiento de las medidas cautelares y de las condenas impuestas por los tribunales, lo que ha provocado un aumento histórico de la población penitenciaria.
Mientras que años atrás el sistema carcelario albergaba entre 13.000 y 14.000 personas privadas de libertad, actualmente la cifra ronda las 20.000, debido al incremento en la imposición de prisiones preventivas y sentencias condenatorias.
Pese a estos resultados, el director del OIJ fue enfático en señalar los límites de la labor policial. Soto sostuvo que los cuerpos policiales pueden contener la criminalidad y evitar que se desborde, pero no eliminarla de manera definitiva.
A su juicio, una solución sostenible requiere una estrategia integral que trascienda el ámbito policial y judicial. En ese sentido, insistió en que el Estado debe impulsar políticas orientadas a la reactivación económica, la generación de empleo formal y el fortalecimiento de la educación pública, pues considera que esas son las herramientas capaces de reducir el reclutamiento de jóvenes por parte del crimen organizado y atacar las causas estructurales de la violencia.
