¿Qué pasará con Riteve? MOPT insiste en ampliar contrato sin despejar interrogantes
Ente contralor advierte que ministerio busca extensión a tan solo 3 meses para final del nexo
El contrato con Riteve vence el próximo 15 de julio. CRH/Riteve
(CRHoy.com). A casi 2 meses para que llegue la fecha del vencimiento del contrato entre el Estado y la empresa Riteve, el camino más probable indica que el país amanecerá sin Revisión Técnica Vehicular (RTV) el próximo 15 de julio.
Ese día, tras 2 décadas de vigencia, vencerá el acuerdo suscrito entre el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y la empresa española para brindar el servicio en la flotilla de vehículos registrada en el país.
Este 3 de mayo, la División de Contratación Administrativa (DCA) de la Contraloría General de la República (CGR) rechazó el planteamiento de la cartera para ampliar el acuerdo por 3 años más, con 24 meses prorrogables.
El ente contralor, que desde 2021 advirtió al MOPT y al Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) la ausencia de planes ante el inminente fin del contrato, enumeró varias deficiencias en la petición planteada por el MOPT y advirtió que las gestiones se efectuaron a apenas 3 meses para que finalice el acuerdo sostenido durante 20 años.
A través del oficio DCA-01345, remitido este 3 de mayo a Rodolfo Méndez Mata, titular del MOPT, la autoridad contralora coincidió en el planteamiento hecho por el ministerio, de que la RTV tiene interés público en conexión con un ambiente sano y la seguridad de los vehículos en los que se traslada la población. Pero, detalla la CGR, esos argumentos no son suficientes para sustentar la prórroga contractual.
"(…) la gestión carece de información suficiente, por lo que pese a las valoraciones de interés público se impone denegar el requerimiento para que esa Administración aporte la información pertinente en varios temas relevantes. Tales como: la ejecución del procedimiento de contratación para atender la necesidad, la eventual variación del modelo de negocio por el cumplimiento de obligaciones contractuales como la donación de inmuebles y equipos, la eventual afectación de la tarifa y las competencias de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep). Así como el estado de las estaciones, según los avalúos respectivos y las obligaciones del contratista de mantenimiento y el impacto económico que ello representa", indica el documento.
Otro de los puntos que la CGR urgió aclarar se relaciona con las instalaciones propiedad de Riteve (valoradas en 2012 en $18 millones), las cuales una vez que concluya el contrato deben pasar a manos del Estado.
En ese sentido, incluso, existe una cláusula que procuraba que el contratista adquiriera equipos para el control de emisiones, los cuales debían ser donados al Estado y ampliar las instalaciones en los cantones de Puntarenas, Liberia, Limón, Pérez Zeledón y San Carlos.
Según la entidad, por más que se pretenda ampliar el acuerdo contractual, el MOPT no brindó valoraciones técnicas y jurídicas frente a estos. Es decir, no aclaró la hoja de ruta ante la recepción de las instalaciones y los bienes propiedad de la empresa.
Para la CGR, este tema también está relacionado con el modelo tarifario que se plantearía ante la Aresep de cara a prorrogar el contrato. En las tarifas que se han cobrado en estos años se incluyeron los costos asumidos por la empresa, como la construcción de las instalaciones y la compra de equipos, para brindar los servicios. No obstante, al pasar estos a manos estatales, no habrá inversiones por recuperar y, entonces, se debe fijar una nueva metodología que hasta la fecha es incierta.
"La Administración acepta en la solicitud que la tarifa debe revisarse, pero no realiza ningún tipo de valoración en torno a esta. La cual, si bien no debe ser autorizada por este órgano contralor si no por la Aresep (salvo mejor criterio de esa entidad), ello no exime al MOPT de realizar el análisis y determinar el impacto que sufrirá frente a las obligaciones del contratista, el objeto contractual y el modelo del negocio", subraya el oficio de la DCA.
La CGR solicitó un informe sobre el estado de las estaciones y los equipos de Riteve, cuyo mantenimiento recae sobre la compañía, antes de que pasen a manos del Estado.
Según avalúos efectuados recientemente, se detectaron instalaciones y equipos con presuntas afectaciones en los sistemas eléctricos o problemas de mantenimiento (defectos en pintura, problemas en cortinas de hierro, fosas, capa de rodamiento dañada).
El Cosevi y el MOPT plantearon la prórroga bajo el amparo de la imprevisibilidad. Ambos entes alegaron que una acción de inconstitucionalidad, sobre un artículo de la Ley de Tránsito que habla sobre el tipo de contratación para la RTV, está pendiente de resolución y que, en ese sentido, es necesario extender el contrato para evitar que el país no se quede sin el servicio a partir de julio.
En la reciente petición, el MOPT insistió en que las acciones de inconstitucionalidad tardan hasta 2 años en ser resueltas y, por ende, la extensión del contrato garantizaría que el país mantenga el servicio por mientras se construye una nueva modalidad de RTV a licitar.
Entre 2020 y 2022, la empresa ha llegado a operar hasta 17 estaciones en todo el territorio nacional (13 fijas y 4 móviles).
El MOPT anunció este martes que "se hará una nueva solicitud completando los datos requeridos por la CGR, con lo cual se está totalmente de acuerdo".