MOPT choca con ideas para que informes técnicos de Lanamme sean vinculantes
Ministro sobre laboratorio: "A veces pierde la objetividad de la práctica"
(CRHoy.com). La idea propuesta en otras ocasiones, para que los informes técnicos elaborados por el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme) de la Universidad de Costa Rica (UCR) sean vinculantes con los proyectos viales contratados por el Estado, no cae del todo bien a los ojos de Luis Amador, ministro de Obras Públicas y Transportes.
Por ley, este laboratorio tiene carácter nacional y goza de competencia fiscalizadora para revisar la construcción de las obras viales en Costa Rica. Hoy, pese a que hay supervisiones a proyectos promovidos por el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) o por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), los análisis no son vinculantes.
Es decir, como no tienen esta característica, la Administración no está obligada a acatar las recomendaciones giradas tras analizar un proyecto. En esa línea, recientemente, tras el caso "Cochinilla", se plantearon proyectos de ley para que adquirieran esta condición de obligatoriedad, no ha habido mayor avance.
¿Por qué Amador no considera tan oportuno que los informes técnicos sean vinculantes para el MOPT o el Conavi? Así detalló sus argumentos este 8 de agosto, ante la comisión legislativa de infraestructura.
"Es un poco difícil. Vea, le voy a decir la verdad. Yo desde el inicio fui con Lanamme y le dije: quiero apoyarme con ustedes en todo lo que son sus capacidades como laboratorio y control de calidad y mediciones en sitio de deflectometría, rugosidad, grip number (seguridad vial) y skid resistance (resistencia al deslizamiento). Pero, si hacemos vinculantes los criterios de Lanamme, el Lanamme es un ente teórico por excelencia, pero a veces pierde la objetividad de la práctica. Entonces, ahí, podríamos estar limitando algunos aspectos", dijo el ministro.
Para el jerarca, en los términos que opera el laboratorio, si llega a formalizarse la obligatoriedad de los requerimientos técnicos, podrían existir inconvenientes.
"Por ejemplo, en ruta 1, Lanamme ha indicado que hay que respetar el espaldón, ahorita no recuerdo si es un metro ochenta, pero cuando usted lo ve tendría que meterse y cortar un poco de industrias y entonces ahí ya no resulta tan práctico el asunto. A veces, hay que tener cierto nivel de flexibilidad y buscar alguna forma de acomodarse para poder habilitar la infraestructura, cumpliendo en la medida de lo posible eso (las recomendaciones técnicas)", citó Amador.
Imagen de las inspecciones hechas por Lanamme en el viaducto de Guadalupe. Cortesía Lanamme
Lo que sí considera el ministro, es que el laboratorio sea utilizado de manera "cercana" para acompañar la gestión del MOPT. Pero, si sus disposiciones se convierten en obligatorias, según el jerarca, "se podrían incluir algunos problemas por la aplicación, en 'blanco y negro', de la norma, y si se afecta un proyecto, porque se incumple alguna norma, se podrían generar atrasos".
Pese a esta posición, el 21 de julio pasado, el mismo ministro se valió de informes técnicos aportados por Lanamme para cuestionar deficiencias constructivas señaladas en el primer lote de "obras impostergables" (obis) en el proyecto de modernización de la ruta a San Ramón. Actualmente, el MOPT y el Banco de Costa Rica (BCR) discuten ajustes en el fideicomiso Ruta Uno suscrito para mejorar esa vía.
El Laboratorio de Materiales del MOPT suma casi 6 años sin contar con la acreditación ante el Ente Costarricense de Acreditación (ECA).
El ECA, creado en 2002, es el único con competencia para emitir las acreditaciones a nivel nacional en las áreas de laboratorios de ensayo y calibración, laboratorios clínicos, organismos de inspección, organismos de certificación y organismos validadores/verificadores de gases de efecto invernadero.
Al no contar con la acreditación ante el ECA, no está facultado para verificar la calidad de los materiales (mezclas asfálticas, por ejemplo) que se colocan en los proyectos viales que gestionan el Conavi el MOPT.
De esta forma, la tarea de fiscalización recae exclusivamente en las empresas privadas que son contratadas por el Estado para supervisar las intervenciones hechas por las constructoras encargadas de los trabajos.