MEP dejará sin ejecutar ₡4.325 millones de cuestionada compra de computadoras
La Fiscalía investiga el caso.
El Ministerio de Educación Pública (MEP) no ejecutará en 2026 la compra de 7.272 computadoras portátiles adjudicada a la empresa ACS Sabanilla S. A. La contratación, por ₡4.325 millones, no podrá completarse este año debido a los plazos administrativos, técnicos y logísticos, según determinó la Dirección de Recursos Tecnológicos en Educación (DRTE).
CR Hoy reveló que un exfuncionarioCR Hoy reveló que un exfuncionario del MEP participó en estudios relacionados con la licitación y, meses después, fue contratado por la empresa ganadora. El caso derivó en un procedimiento disciplinario y una investigación penal en el Ministerio Público.
La imposibilidad de completar la compra consta en un oficio del 26 de octubre, firmado por Andrés Rodríguez Boza, director de la DRTE, y dirigido a Danelia Ramírez Vargas, directora de Informática de Gestión.
El MEP notificó el contrato el 13 de agosto mediante el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop). Sin embargo, más de dos meses después, la DRTE concluyó que no dispone del tiempo necesario para completar los trámites y entregar los equipos.
Hasta febrero de 2027
El análisis de la DRTE concluyó que, incluso si el MEP inicia de inmediato los trámites pendientes, los equipos no podrían entregarse antes del cierre del ejercicio económico de 2026.
La proyección institucional estima que generar la carga contractual requiere unos 15 días hábiles. Para ello deben intervenir la Proveeduría Institucional, el Departamento de Evaluación y Control Presupuestario y otras dependencias.
El cronograma incluido en el oficio establece las siguientes fechas:
- 27 de octubre: inicio proyectado de las gestiones para generar la carga contractual.
- 17 de noviembre: conclusión estimada de esa etapa administrativa.
- 18 de noviembre: emisión prevista de la orden de inicio.
- 11 de febrero de 2027: fecha aproximada para completar el plazo de entrega.
La empresa adjudicataria dispone de 50 días hábiles para entregar las computadoras. Ese periodo incluye los trámites de importación y distribución.
Además, antes de gestionar los pagos, el MEP debe recibir los equipos en los centros educativos beneficiarios y completar las verificaciones administrativas y técnicas. La DRTE recordó que, en años anteriores, el plazo para recibir facturas y cerrar el presupuesto tuvo como referencia la primera quincena de diciembre.
Por esas razones, la Dirección considera que comprometer los recursos representa un riesgo significativo: el MEP podría adquirir obligaciones presupuestarias que no tendría posibilidad de devengar durante 2026. Por ello, recomendó no comprometer el dinero sin condiciones que permitan asegurar la entrega y recepción de los equipos dentro del ejercicio vigente.
Valorar otros usos para los recursos
En el oficio, Rodríguez Boza puso a disposición de la Administración la totalidad de los recursos destinados a la compra. También solicitó que el Programa Presupuestario valore, junto con las dependencias correspondientes, realizar movimientos presupuestarios para atender otras necesidades del Ministerio.
Sin embargo, el documento aclara que esa gestión no cancela, suspende ni modifica automáticamente la contratación. Cualquier decisión sobre el contrato deberá ser tomada por las instancias competentes, conforme a la normativa aplicable.
Por ahora, no consta una decisión definitiva sobre la reasignación del dinero ni sobre el futuro de la compra.
Fiscalía investiga la contratación
La licitación cuestionada corresponde a la compra de 7.272 computadoras portátiles para unos 500 centros educativos, adjudicada a ACS Sabanilla S. A.
Esteban Arroyo Pacheco, exsubdirector de la DRTE, participó en estudios relacionados con el procedimiento en julio de 2025. Dejó el MEP el 7 de mayo de 2026 y posteriormente se incorporó a ACS Sabanilla S. A. como gerente de proyectos.
CR Hoy también documentó que, después de su salida del Ministerio, Arroyo sostuvo reuniones en instalaciones del MEP entre junio y agosto de este año.
Esteban Arroyo Pacheco – ACS
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción abrió la causa penal para investigar su intervención en el procedimiento y su posterior vínculo laboral con la empresa adjudicataria.
Tras conocerse los cuestionamientos, el MEP inició gestiones para resguardar la documentación de la contratación, impedir nuevas intervenciones del exfuncionario y valorar la continuidad del proceso.
Por otra parte, la Contraloría General de la República (CGR) mantiene una auditoría sobre la DRTE. La investigación comenzó tras una denuncia recibida en febrero de 2026, en la que se señalaron presuntos nombramientos indebidos, manipulación de información, deficiencias en los controles internos y la gestión documental, abusos de autoridad y modificaciones de datos en dependencias relacionadas con los recursos tecnológicos del Ministerio.