Marta Esquivel alega daño a su imagen y a su familia y reclama ₡3 millones mensuales a la CCSS
Marta Esquivel, diputada del PPSO. Archivo CRH
Marta Esquivel alegó daños a su imagen, a su familia y a su ejercicio profesional para reclamarle a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) al menos ₡3 millones mensuales por daño moral, dentro del proceso con el que la institución busca recuperar salarios que le pagó de más.
La expresidenta ejecutiva explicó su reclamo durante la audiencia preliminar de este martes por el caso sobresueldos. Además de ese pago mensual, exige ₡20 millones por daño moral subjetivo, es decir, por la afectación personal que sostiene haber sufrido.
Esquivel presentó una contrademanda contra la CCSS, que inició un proceso de lesividad: una acción judicial para anular el acto que fijó su salario y recuperar las sumas pagadas de más.
"Probablemente ustedes no lo sepan, pero esto ha ocasionado un daño moral en mi imagen, en mi familia", manifestó durante la audiencia.
La exjerarca sostuvo que la situación la obligó a modificar actitudes en su vida. También calificó la actuación de la institución como "totalmente irregular, ilegal" y afirmó que su único objetivo era dañar su imagen personal.
Esos señalamientos forman parte de los argumentos con los que sustenta su contrademanda.
Sobre los ₡3 millones mensuales, explicó que tomó como referencia el salario que eventualmente recibiría un profesional en Derecho.
"Sin lugar a dudas, esto ha afectado y afectó mi condición como persona profesional", afirmó.
Esquivel solicita que ese pago mensual se calcule desde diciembre de 2023 hasta que quede firme la resolución final del proceso. Por tanto, su pretensión económica por este concepto aumenta según el tiempo que tarde el caso en resolverse.
También exige diferencias salariales
La contrademanda incluye el pago de las diferencias salariales por los rebajos que la CCSS aplicó desde marzo de 2024 hasta el 7 de enero de 2025, su último día de trabajo en la institución.
Esquivel reclama la diferencia entre un salario de ₡7.670.194,29 y el tope de ₡5.565.000 que le impusieron.
También pide que la CCSS ajuste su aguinaldo, vacaciones, salario escolar y ROP.
A esas pretensiones suma intereses y una actualización de las sumas que eventualmente ordene pagar el tribunal para compensar la pérdida de valor del dinero. Además, solicita que la institución asuma los honorarios legales y los gastos del proceso.
Busca anular acuerdos para recuperar los sobresueldos
Esquivel también pretende que el tribunal declare ilegal la actuación de la CCSS y anule cuatro acuerdos que la Junta Directiva tomó el 19 de marzo de 2024.
Con esas decisiones, la institución ordenó cumplir una disposición de la Contraloría General de la República y declaró perjudicial para el interés público el acto que fijó el salario de Esquivel como presidenta ejecutiva.
La Junta Directiva también dispuso acudir a la vía judicial para anular ese acto. Mientras se resolvía el caso, ordenó ajustar el pago al límite legal y retener la diferencia respecto del salario establecido.
Asimismo, acordó iniciar las gestiones administrativas y judiciales para recuperar las sumas señaladas por la Contraloría una vez que un tribunal anulara el acto salarial.