Así descubrió la DEA la cadena de suministro que abastecía de droga a ticos extraditables
La cadena de suministro que abastecía de droga a los extraditables costarricenses Franklin Viveros "Papillo" y Shirley Gómez "La Guera" contaba con laboratorios clandestinos y buques pesqueros internacionales en Colombia y Perú.
Una investigación de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) permitió desarticular la célula que controlaba complejos de procesamiento a gran escala y planificaba envíos masivos de droga.
La organización en Colombia era liderada por Jorge Sánchez Gamboa, quien delegaba la logística de campo en Edgar Santiago Barbosa Andrade y Francisco Mantilla Angul "Frank". Ese era el punto de origen de los cargamentos que luego cruzaban hacia Panamá, Costa Rica y México, con destino final en el mercado estadounidense.
Llegar hasta las cocinas de droga de este cartel requería superar estrictos filtros de seguridad. El 31 de julio de 2024, un informante confidencial de la DEA logró infiltrarse y reunirse en Bogotá con Barbosa, quien actuaba como emisario de Sánchez.
Durante el encuentro, que fue grabado en audio y video por las autoridades, explicó que su función dentro del grupo consistía en perfilar a los clientes potenciales, aprobarlos y posteriormente escoltarlos hasta los laboratorios o bodegas para que inspeccionaran la pureza de la cocaína.
Tras recibir el visto bueno en la capital colombiana, el líder de la red le indicó al informante que el siguiente paso se daría en la ciudad de Cali, donde sería contactado por "Frank" para concretar una compra a gran escala.
Cámaras prohibidas y seis vigías
El 3 de octubre de 2024, el informante encubierto acudió a una cita en el centro comercial Jardín Plaza en Cali, para encontrarse con "Frank" y otro sujeto identificado únicamente como "Primo".
Al salir del establecimiento, el informante notó que los líderes narcos estaban custodiados por un perímetro de aproximadamente seis vigías.
Desde el centro comercial, el grupo emprendió un viaje por carretera de una hora y media hasta llegar a una ubicación clandestina en la selva. El sitio no era una simple bodega, sino un sofisticado complejo de producción de cocaína a gran escala, con capacidad para preparar cargamentos de hasta dos toneladas.
Los protocolos de contrainteligencia del cartel eran estrictos. "Frank" le advirtió al informante que estaba prohibido ingresar teléfonos celulares al área del laboratorio. Sin embargo, para brindarles una "garantía de calidad" a los supuestos compradores en Norteamérica, los propios "cocineros" del cartel grabaron un video de la droga procesada.
En la grabación mostraron un trozo de papel con la fecha y la palabra "Arizona" escrita a mano, una prueba del cargamento para confirmar el destino de la mercancía. En ese complejo clandestino, la red fijó el precio de origen de su producto: 5.8 millones de pesos colombianos por kilo de cocaína, equivalentes a aproximadamente $1.350 cada uno.
Transacción de prueba y flota en Perú
Para sellar el acuerdo por las dos toneladas, la organización exigió primero una compra de prueba. El 18 de octubre de 2024, tras intercambiar mensajes por WhatsApp y recibir nuevos videos de la droga, el informante acudió a otro centro comercial de Cali llamado Unicentro.
Allí, un emisario no identificado de la red le entregó 7 kg de cocaína a cambio de $10 mil en efectivo. La droga fue entregada inmediatamente a las autoridades y las pruebas de laboratorio de la DEA confirmaron que se trataba de clorhidrato de cocaína de alta pureza.
En una reunión posterior, celebrada el 19 de diciembre de 2024, "Frank" y "Primo" le revelaron al informante encubierto una de sus herramientas de transporte más importantes.
Los narcotraficantes ofrecieron los servicios de un enorme buque pesquero que mantenían anclado en Perú. La embarcación era utilizada específicamente para transportar grandes cantidades de droga por el Pacífico hacia el norte del continente.
Toda la cúpula de esta célula proveedora —Sánchez Gamboa, Barbosa y Mantilla— fue acusada formalmente el 1.º de octubre de 2025 por un gran jurado federal en Arizona. Se emitieron órdenes de captura internacional, que permitieron su arresto en Buenaventura y Cali, en el Valle del Cauca, así como en Bogotá.
En suelo panameño se detuvo a Óscar Enrique Virula Arredondo, un guatemalteco radicado en el país vecino que ofrecía casas de seguridad y redes de transporte en Costa Rica para mover la droga.
Viveros Viveros, colombiano de nacimiento, pero naturalizado costarricense, es desde hace unos 20 años es considerado uno de los enlaces en Costa Rica de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) e incluso se le ligó con un posible atentado contra el exministro de Seguridad, Fernando Berrrocal.
Gómez Parra, pareja de Viveros, fue atrapada por la Administración de Control de Drogas (DEA) en un video negociando el envío de 100 kilos de cocaína a Arizona. Eso la hizo convertirse en la primera mujer costarricense en proceso de extradición.








