Llamada desde prisión destapó abusos y despojo de bienes contra adulta mayor
Una llamada telefónica interceptada durante la investigación del caso Dalila reveló presuntos abusos contra una adulta mayor, quien, según el expediente judicial, habría sido víctima de violencia patrimonial, psicológica y física.
La conversación forma parte de la prueba recopilada por la Fiscalía de Siquirres y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en el expediente que dio origen a la operación ejecutada el 21 de junio de 2026 para desarticular una organización criminal investigada por delitos como narcotráfico, sicariato, contrabando e introducción de drogas y teléfonos celulares en centros penales.
De acuerdo con el documento, la llamada expuso un aparente despojo de bienes, el manejo irregular de las pensiones de la mujer y posibles agresiones en perjuicio de una persona en condición de vulnerabilidad.
Abusos al descubierto
Según el expediente, la conversación ocurrió entre una mujer y la imputada Walkiria Eugenia Monge Williams.
Durante la llamada, ambas hablaron sobre la madre de un hombre identificado como Jimmy, una adulta mayor con problemas de salud y en condición de especial vulnerabilidad.
Jimmy corresponde a Édgar Jimmy Sojo Mendoza, alias "Ñaño", uno de los imputados en el caso Dalila. La Fiscalía de Siquirres lo identifica como un intermediario entre los líderes de la organización recluidos en centros penales y los integrantes que permanecían en libertad.
El expediente le atribuye la coordinación del desvío de llamadas para evitar que las autoridades rastrearan comunicaciones realizadas desde prisión. Además, lo vincula con actividades de contrabando y con una investigación por el presunto delito de privación de libertad agravada.
Según la conversación interceptada, la vivienda donde residía originalmente la adulta mayor le pertenecía, pero posteriormente fue inscrita a nombre de una de sus hijas, quien presuntamente le impidió continuar viviendo en el inmueble.
La llamada también señala que familiares administraban las pensiones de la mujer y que, aparentemente, parte de esos recursos no se destinaban a su cuidado.
Golpe en la cabeza
El expediente también recoge referencias a presuntos episodios de maltrato, discusiones, gritos, daños dentro de la vivienda, la caída de la adulta mayor con un golpe en la cabeza y amenazas para impedir que relatara lo ocurrido.
Asimismo, la conversación hace referencia a una eventual apropiación de la vivienda y de los ingresos de la mujer. No obstante, las personas que conversaban reconocen que esos hechos no fueron denunciados.
A partir de esa información, la Fiscalía considera que la interceptación reveló posibles hechos de violencia patrimonial, psicológica y física, además de una eventual apropiación de la vivienda, las pensiones y otros recursos económicos de la adulta mayor.
Durante la llamada, ambas mujeres también comentan la posibilidad de que el Departamento de Trabajo Social intervenga para garantizar que la adulta mayor reciba la atención necesaria.
Según el expediente, esa eventual intervención obligaría a los hijos a asumir el pago de una pensión y garantizar que la mujer cuente con un lugar donde vivir.
La investigación no precisa si posteriormente alguna autoridad abrió una causa penal independiente por estos presuntos abusos.
El papel de Walkiria
Además de esa conversación, la Fiscalía atribuye a Walkiria Eugenia Monge Williams un papel relevante dentro de la presunta organización criminal investigada en el caso Dalila.
El expediente sostiene que actuaba como intermediaria entre los privados de libertad Douglas Francisco Zárate Monge y Danhiel Fabián Zárate Monge, quienes, según la investigación, dirigían parte de las operaciones de la estructura desde prisión.
Para evitar que las autoridades identificaran los teléfonos celulares utilizados dentro de los centros penales, la organización recurría al desvío de llamadas.
De acuerdo con la Fiscalía, los privados de libertad contactaban a intermediarios como Walkiria, quienes redireccionaban las comunicaciones hacia otros números telefónicos. Ese mecanismo, según la investigación, permitía coordinar las actividades del grupo sin exponer directamente las líneas utilizadas en prisión.
Las autoridades también la vinculan con la venta de cigarrillos y licor de contrabando desde su vivienda en La Francia de Siquirres.
Según el expediente, comercializaba mercancía sin documentación aduanera ni comprobantes que acreditaran su adquisición legal, actividad que la Fiscalía considera una de las fuentes de financiamiento de la organización.