Justicia valoró innecesaria una cocina para el Cacco y luego tramitó contratación por urgencia
Interior del Cacco, en el complejo carcelario de La Reforma. CRH
El Ministerio de Justicia y Paz estableció mediante un estudio técnico que no requería construir una cocina propia para el Centro de Alta Contención y Crimen Organizado (Cacco). Los análisis previos a tener la edificación contemplaron usar la infraestructura alimentaria del Centro de Atención Institucional (CAI) Jorge Arturo Montero Castro, conocido como La Reforma.
Tras avanzar con la construcción de la ampliación penitenciario, la institución concluyó que esa alternativa no atendería de forma permanente la demanda alimentaria. Por eso gestionó una contratación por urgencia cercana a los 10 millones de dólares para construir y equipar una cocina dentro del Cacco.
Así lo consigna el "Informe técnico sobre la optimización de la cocina existente y las alternativas para la atención alimentaria del Centro de Alta Contención y Crimen Organizado" de la Dirección General de Adaptación Social (DGAS) y firmado por la funcionaria Kimberlyn Gabriela Ureña Gabriel el 14 de setiembre de 2026.
El informe reconoce que el diseño inicial del Cacco no contemplaba una cocina propia, porque la Administración creía que podía aprovechar la capacidad de producción de La Reforma.
Una evaluación posterior determinó que esa opción no resultaba sostenible para el funcionamiento permanente del centro, por lo que la DGAS recomendó construir una instalación independiente, con un costo estimado de 9,5 millones de dólares.
El parámetro que se tomó en cuenta es que el Centro Jorge Arturo Montero, contaba con una cocina puesta en funcionamiento hace un año que podía adaptarse.
Ministro sugirió cocina nueva
Sin embargo, el ministro Gabriel Aguilar expuso en el oficio MJP-DM-911-2026, del 8 de octubre de 2026, que la opción más conveniente era hacer una nueva cocina.
Su justificación adicionó que depender de una cocina externa generaría dificultades logísticas, sanitarias y de seguridad, sobre todo cuando el Cacco alcance su capacidad operativa completa.
El informe técnico explica que la Administración había contemplado usar la cocina de La Reforma para preparar los alimentos de los privados de libertad del Cacco. Como se contempló que esa infraestructura podía asumir la demanda, no incorporó una cocina propia en el diseño original.
No obstante, el estudio posterior identificó limitaciones en la capacidad instalada, en los tiempos de preparación y distribución, y en los sistemas de almacenamiento y transporte.
Cocina en el Cacco de $10 millones
El Ministerio evaluó distintas alternativas para resolver las necesidades alimentarias del Cacco. Construir una cocina propia dentro del complejo tenía un costo de $9,5 millones y sumando los costos del IVA superaba los $10, 1 millones.
De ese total $8,3 millones se destinarían a la construcción de la infraestructura y $1,6 millones al equipamiento y avituallamiento.
El proyecto contempla una cocina industrial con áreas de preparación, cocción, lavado, almacenamiento, refrigeración y distribución de alimentos.
También incluye espacios administrativos, comedores, andenes de carga y descarga, sistemas electromecánicos y dispositivos de vigilancia, entre ellos cámaras de circuito cerrado de televisión (CCTV).
Menos de un mes después de la firma del informe, el ministro Aguilar emitió una orden de inicio administrativa para contratar la construcción de la cocina.
Mediante un oficio del pasado 8 de octubre el jerarca autorizó iniciar la contratación por urgencia para ejecutar la cocina, las obras complementarias y el equipamiento.
También permitió comenzar la contratación antes de conformar el expediente en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop), con el compromiso de incorporar después toda la documentación de respaldo.
La Administración justificó la decisión en la amenaza a la continuidad del servicio alimentario y en la premura para implementar la solución. Fundamentó el procedimiento en el artículo 66 de la Ley General de Contratación Pública y en el artículo 166 de su reglamento.
El oficio también autorizó un pago anticipado de hasta el 40% del monto contractual a favor de Edificar, es decir cerca de $4 millones para la empresa que realizará la obra.