Juez ordena a alcaldesa de Puriscal abstenerse de degradar a psicóloga que la demandó

(CRHoy.com) El Juzgado Civil, Trabajo y Familia de Puriscal ordenó a la alcaldesa de esa localidad, Iris Arroyo Herrera, abstenerse de degradar a la psicóloga que la demandó por presunto acoso laboral.

La medida cautelar fue dictada el 20 de mayo pasado por el juez Jeffry Garcia Soto, según consta en una resolución a la que CRHoy.com tuvo acceso. La disposición fue requerida por la encargada de la Oficina de la Mujer (OFIM) del ayuntamiento, de apellidos Salazar Ramírez, en una demanda contra la gobernante local.

"Se acoge la misma y en consecuencia se ordena a Iris Arroyo Herrera abstenerse de cualquier conducta que menoscabe, degrade o maltrate la situación psicológica y emocional de la accionante. Se le impide incurrir en los siguientes actos: humillaciones, actos de persecución, maltrato verbal, emocional, actos de invisibilización, exclusión, falta de respuesta, vaciamiento de funciones, o cualquier otra forma análoga de acoso laboral", dice el documento.

Por su lado, la oficina de prensa de la Corte Suprema de Justicia confirmó -el 27 de junio pasado- ante consulta de este medio que la medida cautelar se encuentra vigente mientras se resuelve el proceso.

En esa misma resolución, el decisor concedió 10 días a Arroyo Herrera para hacer una contestación por escrito sobre los hechos que se le atribuyen, si los reconoce como ciertos o si los rechaza por inexactos.

La demanda iniciada por la afiliada de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) fue revelada por este medio el 26 de julio. A través de esta, la psicóloga reclama ¢30.000.000 por daños morales derivados del supuesto hostigamiento. El proceso se tramita bajo el expediente 22-000042-1529-LA-4.

En el documento, Salazar Ramírez, además encargada del Centro de Cuido y Desarrollo Infantil (Cecudi), alegó un cambio de clima laboral con la llegada de la gobernante local, el 1° de mayo de 2020.

Marcó como primer acto del supuesto acoso una reunión de transición el 3 de marzo de 2020 que mantuvo Arroyo Herrera, el entonces alcalde Luis Madrigal Hidalgo y el actual vicealcalde Miguel Mata Zúñiga, en la que la demanda señala a la gobernante local de haber mostrado "un marcado desinterés y falta de respeto", en el tanto que no le puso atención durante su exposición.

A ello abonó que estaba embarazada en ese momento, razón por la cual capacitó a una colega de apellidos Salazar Badilla para que la remplazara durante su licencia de maternidad. No obstante, la demandada rescindió el contrato y dejó la Oficina de la Mujer sin nombramiento por un mes, hasta que designó a otra psicóloga de apellidos Arce Guevara, indica el documento. Pero esta última no recibió el acompañamiento necesario para dar seguimiento a las labores del despacho, lo que generó que la psicóloga recibiera llamadas de compañeros y externos al municipio.

"Esta situación creó un profundo impacto en su salud integral, ya que se encontraba en un momento tan vulnerable como el acabar de tener una bebé, su sentido de responsabilidad hacia sus pacientes le preocupaba muchísimo, ya que la Oficina de la Mujer atiende en un promedio diario de 35 a 40 personas mensuales individuales más grupos de apoyo semanal con promedio de 15 mujeres, así como del resto de procesos de la propia oficina", describe el documento.

Asimismo, apunta que el 19 de mayo de 2020, la alcaldesa emprendió una consulta al Departamento de Recursos Humanos, sobre si podía cambiar el tiempo completo a la psicóloga, si podía hacer una contratación de cuarto de tiempo para el puesto que ocupaba y si se podía contratar a una profesional sin el sobresueldo dedicación exclusiva. Esa solicitud de criterio marca el inicio de una serie de acciones con las que, dos años después, le fue suprimido el plus a Salazar Ramírez, según el documento.

En 2021 la mujer escucha comentarios entre pasillos sobre las intenciones de que en su contra se abra un órgano director para quitarle la dedicación exclusiva; situación que se materializó el 6 de julio de ese año. El proceso tenía como objetivo, además de eliminar el sobresueldo, cobrar las sumas pagadas desde el 2015.

La demanda recalca que esto ocurrió en detrimento de lo señalado en las leyes de Contratación Administrativa y General de Control Interno.

Dicho plus le fue eliminado a la psicóloga el 26 de febrero de 2022, lo que derivó en una reducción sustancial de su salario, al pasar de ¢1.061.813 a ¢684.491.

Otro flanco del supuesto acoso tiene que ver con una licitación del Centro de Cuido, en la que Salazar Ramírez trabajó en 2019 y 2020. Aparentes atrasos en el proceso, que el documento achaca a la Alcaldía, ocasionaron el cierre del proyecto, el 24 de setiembre de 2021. Ese día, Arroyo Herrera ordenó al Departamento de Proveeduría recibir las llaves de la oficina y hacer un levantamiento de activos, sin tomar parecer alguno a su encargada.

Agrega la demanda que el 21 de octubre de 2021, se convocó a una reunión que tenía como fin "exagerar de manera injustificada el desconocimiento de la administración ante el procedimiento de pago del Centro de Cuido y Desarrollo Infantil". Diez días después, se solicitó un informe sobre el proyecto.

El 3 de diciembre de 2021 se le citó para hablar sobre su calificación por desempeño. En el encuentro, la gobernante local -presuntamente- señaló a la psicóloga como la responsable de lo sucedido con el Centro de Cuido.

Debido a estas situaciones, y otras exclusiones documentadas, así como la "violencia psicológica extrema continua, progresiva, sistemática, recurrente y deliberada", Salazar Ramírez sufrió "una afectación emocional muy grande en todo su entorno familiar, psicológico, moral y de salud", reza la demanda laboral.

En el documento se menciona -a modo de hipótesis- que el hostigamiento se deriva de su participación como testigo en dos demandas contra la municipalidad y la gobernante local. Esa última -también por acoso laboral- fue declarada sin lugar el 18 de julio de 2022, según consta en la sentencia 2022-000107 del Juzgado Civil, Trabajo y Familia, suministrada a CRHoy.com por Arroyo Herrera. A esta además se le remitió un cuestionario; sin embargo, por recomendación legal, esta se abstuvo de responderlo en el tanto que el proceso se mantiene en curso.