Fiscal propone solicitar a la DEA y al FBI aplicar pruebas de polígrafo a jerarcas
El fiscal general, Carlo Díaz, propuso solicitar apoyo a la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) y al FBI para aplicar pruebas de polígrafo a los jerarcas policiales, incluido él mismo. Además, rechazó someterse a una prueba realizada por una empresa privada -pagada- como lo planteó la presidenta de la República, Laura Fernández.
Así lo manifestó este miércoles durante una audiencia en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa.
Esto se da luego de que Fernández ordenó aplicar dicho dictamen a los jerarcas participantes en reuniones semanales sobre el tema de seguridad con el Ejecutivo.
Díaz aseguró que no tiene inconveniente en realizarse la prueba, pero afirmó que esta debe aplicarse en igualdad de condiciones para todos los jerarcas involucrados y no mediante una firma contratada por el Gobierno.
"Lo que quiero es que se realice en las mismas condiciones. (…) Cuando ella (Laura Fernández), los ministros que participan ahí (en la reunión semanal de seguridad) y todas las personas que participan nos sometamos a una prueba estándar para todos, yo me la voy a hacer", señaló Díaz Sánchez.
El fiscal añadió:
"No tengo nada que ocultar. ¿Usted cree que a mí no me han investigado las cuentas? ¿Usted cree que no me han hecho seguimientos de qué hago y qué no hago? No tengo ningún temor ni nada que ocultar", respondió Díaz al diputado del PPSO, Fernando Obaldía.
Asimismo, insistió en que estaría dispuesto a someterse al examen siempre que sea aplicado por una entidad neutral.
"Cuando nos sometamos todos con un organismo serio (…) y que sea la DEA o el FBI quien nos haga ese polígrafo, con todo gusto lo hago", enfatizó.
"Que sean las mismas condiciones, no pagando a una empresa. Ahí sí jamás me voy a someter a una empresa para que manipulen una prueba y que posteriormente salga yo cuestionado. No tengo nada que me cuestionen".
Las declaraciones de Díaz se producen luego de que la presidenta Laura Fernández afirmara que ordenó la destitución de siete funcionarios policiales que no aprobaron pruebas de polígrafo realizadas por una empresa privada contratada por el Gobierno. Hasta la fecha, el Ejecutivo no ha revelado la identidad de los funcionarios separados de sus cargos ni ha brindado detalles sobre los resultados de dichas evaluaciones.
