Juez detenido en Garabito mantiene frenado su despido con acciones legales desde 2023
Decomiso de droga que llevó al despido del juez.
El juez de apellidos Mora Herrera, funcionario del Juzgado Penal de Garabito, mantiene suspendida desde 2023 la ejecución de su despido mediante acciones legales. La Corte Plena acordó destituirlo después de que dictó un sobreseimiento definitivo a favor de dos colombianos vinculados con un cargamento de más de 800 kilos de cocaína.
Se trata del funcionario judicial que fue detenido este miércoles como sospechoso de cometer los delitos de prevaricato y divulgación de secretos.
En abril de 2026, el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda ratificó de forma unánime la validez del despido. Además, rechazó la demanda por ₡40 millones que Mora Herrera interpuso contra el Estado por presuntos daños morales y psicológicos.
Origen del despido
La decisión disciplinaria se originó en lo que la Corte Plena del Poder Judicial calificó como un "error grosero", ocurrido durante el proceso judicial de marzo de 2022. El sobreseimiento permitió que los dos colombianos recuperaran la libertad y posteriormente huyeran del territorio nacional.
Decomiso de droga que llevó al despido del juez.
Decomiso de más de 800 kilos de cocaína
Las autoridades detuvieron a los dos extranjeros el 6 de abril de 2021 en el Pacífico Central. Los capturaron cuando salían de un manglar donde permanecía oculto el cargamento de cocaína. Ambos estaban visiblemente sucios y se encontraban en un sitio despoblado y de acceso restringido.
Cerca del lugar donde hallaron la droga, las autoridades localizaron una embarcación equipada con una gran cantidad de combustible. También decomisaron dispositivos GPS y teléfonos satelitales.
El análisis técnico de los navegadores reveló coordenadas precisas de una ruta de tráfico internacional entre Colombia y Costa Rica.
Sin embargo, el 10 de marzo de 2022, Mora Herrera dictó un sobreseimiento definitivo. "La acusación no contenía los requisitos establecidos en el Código Procesal Penal y las pruebas no eran suficientes para remitir el asunto a la etapa de juicio", argumentó el entonces juez para fundamentar su decisión.
Los colombianos desaparecieron inmediatamente después de salir de prisión. Semanas más tarde, el Tribunal de Puntarenas ordenó recapturarlos, pero ambos ya habían abandonado el país.
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Sanción y reclamo judicial
El 30 de enero de 2023, el Tribunal de la Inspección Judicial recomendó declarar sin lugar la queja disciplinaria y no imponer ninguna sanción. Ese órgano consideró que se trató de una simple "diferencia de criterio".
Sin embargo, el 27 de febrero, la Corte Plena rechazó esa posición y acordó por mayoría aplicar la sanción máxima. La decisión se fundamentó en dos aspectos:
- Calificación de falta gravísima: la Corte determinó que Mora Herrera cometió un "error grave e injustificado" al ignorar normas procesales básicas.
- Riesgo para la seguridad: la Corte consideró que el error tuvo el efecto práctico de liberar a sospechosos de narcotráfico internacional considerados de alta peligrosidad.
Mora Herrera presentó una demanda contencioso-administrativa para intentar revertir su destitución. El 5 de marzo, el Tribunal Contencioso Administrativo acogió una solicitud del funcionario y dictó una medida cautelar provisionalísima que suspendió temporalmente el despido y le permitió continuar trabajando.
El 16 de noviembre de ese mismo año, el Tribunal dictó la medida cautelar formal y mantuvo suspendido el despido hasta que se resolviera el juicio de fondo.
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Tribunal validó el despido
El 23 de abril de 2026, el Tribunal Contencioso Administrativo (TCA) validó la destitución. En la sentencia, concluyó que Mora Herrera incurrió en una falacia deductiva al dictar el sobreseimiento.
Según el Tribunal, no existió una simple "diferencia de criterio", sino una omisión grosera de la realidad del expediente. Los juzgadores determinaron que Mora Herrera ignoró las pruebas obtenidas de los dispositivos GPS y las condiciones en las que encontraron a los detenidos para concluir que no había pruebas suficientes.
El Tribunal también rechazó las indemnizaciones solicitadas. Según la resolución, Mora Herrera tiene el deber jurídico de soportar las consecuencias del despido porque su propia falta provocó la medida.
Juez continúa trabajando
Aunque el TCA validó el despido, el Departamento de Prensa del Poder Judicial confirmó que Mora Herrera presentó un recurso de casación para que la Sala Primera revise su destitución.
El proceso permanece abierto y el funcionario continúa trabajando mientras se resuelve el recurso, conforme lo permite la ley.
Nueva investigación contra el juez
Este miércoles, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) ordenó detener a Mora Herrera.
El Ministerio Público tomó la declaración indagatoria al funcionario y solicitó, como medida cautelar, suspenderlo del cargo. Sin embargo, el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública rechazó la petición. Por esta razón, la Fiscalía apeló la resolución.
Durante el allanamiento a la oficina del juez, las autoridades decomisaron un teléfono celular, dispositivos de almacenamiento y la computadora que utilizaba el funcionario.
El Diccionario usual del Poder Judicial define el prevaricato como el delito que comete un funcionario judicial o administrativo cuando dicta resoluciones contrarias a la ley o las fundamenta en hechos falsos.
Por su parte, la divulgación de secretos es un delito contra el ámbito de la intimidad. Este sanciona a quien revela, sin justa causa, un secreto cuya difusión o comunicación pueda causar daño.