Jueces califican de riesgoso proyecto para que diputados elijan al fiscal general
La Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud) calificó de "imprudente" y "riesgosa" la propuesta que trasladaría a la Asamblea Legislativa la potestad de nombrar y destituir al fiscal general, una competencia que actualmente corresponde a la Corte Plena.
La iniciativa, presentada por la diputada oficialista Marta Esquivel, reforma el artículo 23 de la Ley Orgánica del Ministerio Público para que tanto el fiscal general como el fiscal subrogante sean designados por el Congreso mediante una mayoría calificada de 38 votos.
Actualmente, el fiscal general es elegido por la Corte Plena por un período de cuatro años, con posibilidad de una reelección.
Alertan sobre una mayor politización
Acojud advirtió que la reforma incrementaría la politización del Ministerio Público y pondría en riesgo la independencia y objetividad de la institución en la conducción de la política de persecución penal.
La asociación también cuestionó que el proyecto se presente a pocos meses del proceso de elección o eventual reelección del fiscal general, pues considera que desplaza un debate que debería centrarse en la idoneidad de los candidatos hacia una discusión de carácter político.
¿Qué propone el proyecto?
La iniciativa establece que el Congreso elegiría al fiscal general y al fiscal subrogante mediante un concurso público y el voto favorable de 38 diputados.
Además, contempla que la Asamblea Legislativa pueda destituir al fiscal general por las siguientes causas:
- Incumplimiento grave de sus funciones.
- Condena por delitos dolosos o contra la administración pública.
- Incapacidad permanente.
- Actos de corrupción.
- Bajo desempeño, tras el rechazo de dos informes anuales consecutivos.
Para estos casos, el proyecto crea un procedimiento legislativo de remoción que incluiría una comisión investigadora, el derecho de defensa del funcionario y una votación por mayoría calificada.
La propuesta pasará ahora a una comisión legislativa para continuar su trámite.
Los riesgos que advierte Acojud
La asociación sostiene que la reforma no fortalece la autonomía del Ministerio Público, sino que abre la puerta a que la elección del fiscal general responda a acuerdos entre partidos políticos y no a criterios de mérito.
También cuestionó que el nombramiento pueda aprobarse con el voto favorable de dos tercios de los diputados presentes y no de la totalidad de la Asamblea Legislativa, pese a la relevancia del cargo.
Acojud advirtió, además, que las nuevas causales de destitución podrían convertirse en mecanismos para remover al fiscal general por razones políticas.
Otro de los puntos que rechaza es la obligación de que el fiscal general informe a la Asamblea Legislativa sobre el estado de las investigaciones por corrupción, al considerar que esa disposición podría comprometer la confidencialidad de los casos e incluso alertar a personas investigadas.
Por último, la organización cuestionó que la gestión del Ministerio Público se evalúe con base en la cantidad de casos llevados a juicio frente a los desestimados. A su criterio, ese parámetro desconoce que numerosas denuncias carecen de fundamento y deben archivarse, por lo que una desestimación no constituye, por sí sola, un indicador de un mal desempeño del fiscal.
