Johnny Araya acude a Tribunales e impugna sanción de la Contraloría

Johnny Araya, alcalde de San José. Archivo.

(CRHoy.com) El alcalde de San José, Johnny Araya Monge, impugnó una sanción sin goce salarial que le interpuso la Contraloría General de la República (CGR) por un pago de indemnización que se le hizo a una empresa de parquímetros.

Araya informó, mediante un comunicado de prensa, que acudió al Tribunal Contencioso Administrativo, la mañana de este lunes.

"Los argumentos en los que fundamenta la CGR esta sanción, que, dicho sea de paso, ya he cumplido, no tienen sustento jurídico ni fáctico y se basan en razonamientos que no corresponden a la realidad de los hechos", señaló Araya.

El órgano contralor había sancionado a Araya porque se hizo un reajuste contractual y un pago millonario de indemnización a la compañía Setex Aparki, sin que a criterio de la CGR se tuvieran los estudios técnicos necesarios para fundamentar el monto.

La empresa privada había alegado un desequilibrio financiero, pues las cifras en que se basaron los parquímetros no correspondían.

Ante ello, la Municipalidad aumentó las comisiones de ganancia, las cuales pasaron de un 32% a un 45% y se le otorgó a la empresa un 5% de lo recaudado en las multas. Así como se pagaron ¢256 millones como indemnización.

Tras cumplir una sanción de 30 días sin goce salarial, Araya insistió en que las acciones ejecutadas en la Municipalidad buscaron mantener un equilibrio económico en el ayuntamiento.

A la empresa Setex se le reconoció una indemnización inferior al 50% del monto total de su reclamo. Con estas acciones, la municipalidad evitó una inminente demanda judicial, la cual, según abogados de la institución, tenía un alto grado de probabilidad de que prosperara, lo que obligaría a la municipalidad a un pago muchas veces mayor a lo que fue el monto de la indemnización reconocida.

La empresa sustentó su reclamo en un hecho objetivo y real, el cartel de licitación que dio pie a esta contratación estaba ligado a un estudio de factibilidad hecho por funcionarios de la propia municipalidad que erróneamente planteó escenarios de ocupación de los espacios de estacionamientos totalmente sobredimensionados. Se estimaron cifras de ocupación de los espacios más del 100% más altas de lo que en la realidad ocurrió.

Araya señaló que con el proceso en el Tribunal Contencioso se solicita la nulidad absoluta del fallo de la CGR que se condene por daño moral y el pago de las costas del proceso.

Asimismo, adelantó que presentará una gestión similar sobre la sanción impuesta por el caso de la placa de uso discrecional, por la cual descuenta 25 días de suspensión.