Jefe del PLN defiende su plan jaguar, que deja sin fiscalización contratos con organismos internacionales

El jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), Óscar Izquierdo Sandí, defendió el proyecto de ley de su autoría, el cual comparte el mismo espíritu del cuestionado plan jaguar que impulsa el presidente Rodrigo Chaves Robles.

La propuesta de ley de Izquierdo, aprobada por 37 diputados en primer debate el pasado jueves, pretende excluir del ámbito de la Ley General de Contratación Pública (LGCP) las contrataciones que el país realice con otros Estados y organizaciones internacionales.

Este lunes, mediante un oficio enviado a los jefes de fracción, la contralora general, Marta Acosta Zúñiga, reiteró el rechazo del órgano contralor a la propuesta (ver nota abajo).

Este medio ha insistido en obtener un espacio con el diputado Izquierdo para conversar sobre la iniciativa y los cuestionamientos de varios legisladores y de la Contraloría General de la República (CGR); sin embargo, el legislador declinó conceder una entrevista.

Izquierdo se limitó a enviar un comunicado en el que asegura que su propuesta no abre "portillos para contrataciones a dedo".

"Este proyecto de ley busca que el país pueda acceder a los recursos de la cooperación internacional a través de convenios o acuerdos de costo compartido. No cambia, de ninguna manera, la forma en que se realizan las contrataciones de obra pública bajo los controles actuales de la ley para la empresa privada, ni permite que estos sean evadidos. Debo aclarar que las observaciones de la Contraloría General de la República fueron atendidas", dijo Izquierdo.

Este lunes, la CGR desmintió a Izquierdo y negó que sus observaciones hayan sido tomadas en cuenta en la versión final del proyecto.

Acosta desmintió que la CGR haya manifestado su apoyo a la propuesta y advirtió que aún existen "serios riesgos" dentro del plan, pues este contraviene lo estipulado en la Constitución Política.

"La Contraloría General de la República, durante todo el trámite del expediente legislativo, ha sido consistente en señalar que las compras que realiza el Estado con fondos públicos deben tramitarse bajo las reglas de la Ley General de Contratación Pública. Por ello, la propuesta del texto base y del texto sustitutivo, que excluyen la aplicación de esa ley a las contrataciones con sujetos de derecho público internacional, es contraria al artículo 182 de la Constitución Política, así como a los principios de libre competencia y transparencia", mencionó Acosta en un oficio enviado a los jefes de fracción este lunes.

El documento recuerda a los legisladores que la Contraloría General ha enfrentado la negativa de algunos sujetos de derecho público internacional para atender solicitudes de información sobre la utilización de fondos públicos. Esto se ha argumentado bajo el amparo de privilegios o inmunidades de los que gozan estos sujetos, lo que ha obstaculizado significativamente la fiscalización de dichas contrataciones.

Algunos ejemplos mencionados en el oficio incluyen el caso de 2019, con el informe de auditoría especial sobre los controles del Consejo Nacional de Viabilidad en la ejecución de los recursos dirigidos a financiar proyectos viales a cargo de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS).