Jefe del PLN baraja cambios a su plan Jaguar, cuestionado por la Contraloría
Dos textos sustitutivos serán analizados tras el receso de Semana Santa
El jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), Óscar Izquierdo Sandí, presentará dos propuestas alternativas para su proyecto de ley que pretende excluir del ámbito de la Ley General de Contratación Pública (LGCP) las contrataciones que el país realice con otros Estados y organizaciones internacionales.
La propuesta de Izquierdo, bajo el expediente 24.215, ha sido cuestionada por la Contraloría General de la República (CGR), ya que plantea eliminar la fiscalización de contratos con otros Estados y organismos internacionales. Esto podría abrir un portillo para contrataciones directas y sin control, algo similar a lo que propuso el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, en las tres versiones del ahora descartado plan Jaguar.
El diputado Izquierdo está valorando al menos dos mociones con textos sustitutivos, que presentará tras el receso de Semana Santa al resto de fracciones legislativas y a la CGR. La propuesta central de cambio es que no se excluyan del ámbito de fiscalización los proyectos de obra pública vial.
La intención es que, una vez que los congresistas retomen funciones, se devuelva el proyecto a su trámite en primer debate con el fin de realizarle cambios sustanciales que atiendan los señalamientos de la Contraloría y su jerarca, Marta Acosta Zúñiga.
Las dos mociones con los cambios
Antes de entrar en las propuestas, es importante recordar qué establece el proyecto original, cuestionado por la Contraloría.
La iniciativa del diputado Izquierdo busca excluir del ámbito de la LGCP las contrataciones que el país realice con otros Estados y organizaciones internacionales. Para ello, plantea la adición de los incisos k) y l) al artículo 3 de dicha ley, para que se lea de la siguiente manera:
Artículo 3.- Excepciones
Se exceptúan de los procedimientos ordinarios establecidos en esta ley únicamente las siguientes actividades: (…)
k) Las contrataciones provenientes de fondos públicos que realice la Asociación Cruz Roja Costarricense. La Contraloría General de la República ejercerá sus atribuciones constitucionales y legales respecto de los fondos públicos recibidos por la Benemérita.
l) Los convenios, acuerdos y acuerdos de costo compartido celebrados con otros Estados, organizaciones internacionales o sujetos de derecho internacional público.
Las mociones de texto sustitutivo pretenden que no se excluyan de los procedimientos ordinarios de fiscalización los contratos para el desarrollo de obra pública vial.
Se propone agregar un párrafo que indique que "cuando medien fondos públicos nacionales, la CGR deberá fiscalizar al ente público costarricense contratante".
Además, se añade que "será necesario acreditar el interés público y la ventaja comparativa de la decisión, la cual deberá considerar la razonabilidad del precio y el costo".
Asimismo, se establece que "el ente público contratante deberá garantizar el acceso a la información relativa al proceso de contratación y ejecución del objeto contratado con el sujeto de derecho internacional, la cual tiene naturaleza pública".
También se señala que el convenio o acuerdo suscrito por las partes "deberá garantizar el pleno acceso a toda la información de las diferentes etapas de la contratación sobre el uso de los fondos públicos, en cumplimiento de los principios de eficiencia, eficacia, cooperación y colaboración interadministrativa, transparencia y el buen uso de los fondos públicos".
Finalmente, se pretende dejar claro que "las relaciones contractuales con sujetos de derecho público internacionales, financiadas con fondos públicos, no podrán incluir la gestión, la asesoría, el diseño ni la construcción de obra pública".
Estas modificaciones se encuentran en los dos borradores de mociones de texto sustitutivo, los cuales serán analizados tras el receso legislativo. En declaraciones a CR Hoy, el diputado Izquierdo mencionó que las propuestas serán presentadas a los jefes de fracción y a la CGR
"Si eliminar la construcción de obra pública satisface a los sectores para garantizar que la Contraloría va a estar siempre como corresponde, fiscalizando los recursos públicos, no tenemos problema. Estamos construyendo la moción, pero aún no es algo definitivo", indicó.
Las dos mociones de textos sustitutivos puede verlas completas en estos enlaces
Mocion de Fondo Plenario 24.215 borrador MSB – PMS v. 070425
Mocion de Fondo Plenario 24.215 Obra Pública
Los cuestionamientos de la contralora
La contralora general de la República, Marta Acosta Zúñiga, expresó a los diputados el rechazo de la CGR al proyecto de ley impulsado por Izquierdo.
Acosta desmintió que la CGR haya respaldado la propuesta y advirtió que el plan sigue presentando "serios riesgos", ya que va en contra de lo estipulado en la Constitución Política.
"La Contraloría General de la República, durante todo el trámite del expediente legislativo, ha sido consistente en señalar que las compras que realiza el Estado con fondos públicos deben regirse por la Ley General de Contratación Pública. Por ello, tanto el texto base como el texto sustitutivo, que excluyen la aplicación de esa ley en contrataciones con sujetos de derecho público internacional, son contrarios al artículo 182 de la Constitución, así como a los principios de libre competencia y transparencia", indicó Acosta en un oficio enviado a los jefes de fracción.
La contralora también subrayó que la posición de la CGR durante todo el trámite dista del texto que se aprobó en Comisión y luego en el plenario.
"Si bien la reforma exceptúa de los procedimientos de licitación las contrataciones con sujetos de derecho público internacional, en lugar de excluirlas totalmente de la ley N.° 9986 (como se pretendía en la versión original), aún persisten serios riesgos. Se puede contratar obra pública sin concurso y sin que el órgano contralor pueda ejercer plenamente su fiscalización, conforme a sus competencias legales y jurisprudencia constitucional", agregó.
Acosta recordó que la Contraloría ha enfrentado dificultades para fiscalizar contrataciones con ciertos sujetos de derecho público internacional, debido a privilegios o inmunidades. Esta situación ha limitado el control efectivo sobre el uso de fondos públicos.
Entre los ejemplos citados figura un informe del año 2019 sobre los controles del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) en la ejecución de recursos destinados a proyectos viales a cargo de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS).