Jefe de asesores se abstuvo de declarar sobre Alvarado, alegó riesgo de autoincriminarse
César Zúñiga, jefe de asesores de Nueva República, se negó a rendir testimonio ante la Comisión Especial Investigadora que analiza la denuncia contra el diputado Fabricio Alvarado por presunto hostigamiento sexual, al invocar su derecho a no autoincriminarse.
De acuerdo con los informes legislativos confidenciales, Zúñiga explicó que su decisión respondió a un riesgo jurídico personal. Explicó que los hechos se relacionan con un proceso penal en el que su nombre ha sido mencionado.
En ese contexto, el compareciente indicó que cualquier declaración podría tener consecuencias en su contra, por lo que optó por abstenerse de comparecer ante la comisión. Según se consigna en el informe de mayoría, fundamentó su decisión en el derecho constitucional a no declarar contra sí mismo.
Además, señaló que este derecho no solo protege frente a una eventual autoincriminación directa, sino también ante posibles implicaciones indirectas que pudieran derivarse de su testimonio.
Zúñiga fue convocado a la comisión en calidad de testigo por su rol como superior inmediato de Marulin Azofeifa dentro del quehacer legislativo y por su eventual conocimiento de los hechos denunciados.
Recomendación al Ministerio Público
El informe de minoría recomienda remitir el caso al Ministerio Público para que se investigue la actuación de Zúñiga, en el marco de sus implicaciones legales.
Durante el proceso, la comisión recibió múltiples testimonios y pruebas documentales relacionadas con la denuncia interpuesta por Azofeifa, quien acusó a Alvarado de conductas de presunto acoso sexual, abuso de poder y otras manifestaciones.
La negativa de Zúñiga a declarar fue consignada en los informes que analizan el caso y que serán conocidos por el Plenario Legislativo este lunes, instancia que deberá tomar la decisión final sobre la eventual responsabilidad del diputado.
La comisión legislativa, creada tras la denuncia presentada en febrero de 2026, tiene como función investigar los hechos, valorar la prueba y emitir una recomendación. En caso de que se determine responsabilidad, la sanción prevista es una amonestación ética pública.