Jefa de Contabilidad de la CCSS confirma que borrador que intentó usarse como prueba en caso Barrenador no existe
Sede central de la CCSS, en San José. Fotografía de Edificar
Azyhadee Picado, Jefa del Área de Contabilidad de Costos de la CCSS, confirmó ante los diputados de la Comisión legislativa que investiga las presuntas irregularidades en la Caja Costarricense de Seguro Social que el borrador del estudio de Razonabilidad de Costos que intentó utilizarse por la defensa como prueba en el caso Barrenador, no existe.
Esta afirmación surgió tras una consulta de Daniel Vargas, diputado oficialista, quien dijo que sí existe y defendió que según el supuesto informe no existían sobreprecios en la adjudicación de 10 Áreas de Salud a terceros.
El único estudio formal, integral, que nosotros desarrollamos es el que está subido en Sicop en la fecha de abril. No hay otro estudio previo a ese. Si usted verifica ese estudio no está firmado digitalmente.
Nosotros no lo desarrollamos como estudio, confirmó Picado.
La afirmación de Picado coincide con lo concluido por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta), quienes lograron comprobar que el documento es falso.
Este borrador de estudio de razonabilidad de precios fue aportado como supuesta prueba por la defensa de los imputados, entre los que figura Marta Eugenia Esquivel, expresidenta de la entidad, en la audiencia de apelación de medidas cautelares celebrada en diciembre. Sin embargo, la evidencia fue rechazada por el Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública del II Circuito Judicial de San José.
La existencia de dicho documento trascendió primero públicamente el 3 de diciembre en un reportaje del noticiario Telediario de Multimedios Canal 8. Un día después, el 4 de diciembre, fue presentado como prueba en la audiencia judicial.
El supuesto borrador también fue compartido con agresividad después del 3 de diciembre por páginas en Facebook, troles, "influencers" y diputados afines al gobierno de Rodrigo Chaves Robles. Dicho documento fue secuestrado en diciembre pasado por la Fapta para ser analizado.
La defensa técnica de los imputados alegó que dicho borrador fue elaborado por el Área de Contabilidad de Costos de la CCSS y que no señalaba "por ningún lado" el supuesto sobreprecio de ₡12.400 millones en la adjudicación a las cooperativas (Coopesana, Coopesalud, Coopesiba, Coopesaín y Asemeco) para la administración de los 137 Ebáis de las 10 áreas de salud ubicadas en la Gran Área Metropolitana (GAM). En ese espíritu, insistieron en que más bien habría supuestos "ahorros millonarios" con la adjudicación.
Los interesados en que el documento se avalara como prueba alegaron que el borrador fue enviado a los miembros de la junta directiva de la CCSS desde el 19 de marzo de 2024. Es decir, esto significa que desde ese momento y hasta el 6 de julio de 2024 (cuando se adjudicó la licitación a las cooperativas), los jerarcas pudieron haber consultado por ese supuesto borrador inicial.