Diputados oficialistas avanzan con plan que permitiría al gobierno supervisar y cerrar bancos
Sede central del MEIC, en Tibás. Archivo CRH
La Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa dictaminó afirmativamente, con 5 votos a favor y 4 en contra, el proyecto de ley que permitiría que el Gobierno supervise y cierre bancos a través del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC).
Votaron a favor los diputados de Pueblo Soberano (PPSO) Stephan Brunner, Antonio Barzuna, Nayuribe Guadamuz, Fernando Obaldía y Reynaldo Arias.
Mientras que, otorgaron un dictamen negativo Janice Sandí, Andrea Valverde y Norjelens Lobo, del PLN; y Sigrid Segura del Frente Amplio.
La iniciativa introduce un modelo de doble supervisión estatal a dichas entidades. Por un lado, se mantendría la supervisión sistémica ya desarrollada por las superintendencias, relacionada con los requerimientos propios de solidez y prevención de riesgo del sistema financiero en su conjunto. Por otro, se plantea centralizar en un solo órgano competente todo lo relativo a la regulación de la conducta del mercado: el MEIC, transformando y especializando a la Comisión Nacional del Consumidor como un tribunal administrativo en la materia.
Esto señala el artículo 38 del proyecto, sobre las sanciones a entidades financieras:
a.- Para infracciones muy graves en que incurra algún proveedor financiero, se impondrá alguna de las siguientes sanciones:
- Multa equivalente a un monto comprendido entre el 1,1 % y el 2% de su patrimonio contable vigente al momento en que se determina la existencia de la infracción.
- Multa equivalente a un monto comprendido entre ciento una y doscientas veces el salario base.
- Suspensión, total o parcial, para suscribir nuevos contratos de los servicios o productos financieros asociados a la infracción, desde cinco días hasta tres meses.
- Cancelación de la actividad o producto específico.
- Suspensión del registro y cese las operaciones de 1 hasta 2 años.
- Multa por un monto de entre cuatro y hasta cinco veces el beneficio patrimonial, obtenido como consecuencia directa de la infracción cometida.
Según un informe del Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, esta es la primera vez que se presenta una iniciativa con un modelo de doble instancia de regulación sobre entidades ya supervisadas.
Con ello, se establecería el pago de una nueva tarifa por regulación y supervisión de hasta un 1 % del patrimonio de las entidades, adicional a la que ya pagan a las superintendencias. También, impondría multas consideradas desproporcionadas y facultaría al Gobierno para cerrar bancos. Incluso, se usaría la Fuerza Pública para ejecutar estas medidas.
Janice Sandí, diputada del PLN, adviritó a los consumidores que con el proyecto de ley que en el fondo se entregarían datos confidenciales del centro de información crediticia de la Superintendencia de Entidades Financieras (Sugef) al MEIC.
"Sus datos finacieros privados pasaría de manos de un ente técnico independiente a manos de políticos", aseveró la liberacionista.
Mayor control del MEIC
El Poder Ejecutivo propone una supervisión directa de la conducta financiera a cargo del MEIC, la cual sería realizada por funcionarios escogidos por el Consejo de Gobierno. Esta labor se financiaría con cargo al presupuesto del propio ministerio.
Los principios internacionales, incluidos los de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), establecen que los reguladores y supervisores de entidades financieras deben tener independencia política y presupuestaria.
Para la labor de regulación y supervisión de entidades financieras, el proyecto de ley plantea tratos diferenciados que podrían representar conflictos de interés.
Por ejemplo, el Poder Ejecutivo regularía y supervisaría directamente a entidades de su propiedad, como los bancos estatales.
Una de las disposiciones que más preocupación generó entre los diputados de la Comisión de Asuntos Económicos del Congreso anterior es que se establece la entrega al MEIC de datos confidenciales de los deudores, incluida la información del Centro de Información Crediticia (CIC) de la Sugef.
La entrega de datos confidenciales por parte de entidades financieras ya causó controversia en 2023, cuando el Banco Central de Costa Rica (BCCR) presionó a la Sugef y a bancos sistémicos para entregar información de esa índole.
La polémica llegó a sede judicial luego de que el BCCR demandara penalmente a la entonces jerarca de la Sugef, Rocío Aguilar, por el presunto delito de desobediencia a la autoridad, tras negarse a entregar los datos. También motivó a la Asamblea Legislativa a abrir una investigación al Banco Central, tras la cual se concluyó que la entidad monetaria violó la protección de datos personales.
Creación de canon
Además, el Gobierno propone la creación de un canon de regulación para financiar la labor que realizaría el MEIC sobre las entidades financieras supervisadas.
El proyecto establece el pago de una nueva tarifa por regulación y supervisión de hasta el 1 % del patrimonio de las entidades, adicional a la que ya pagan a las superintendencias.
Esa carga financiera derivada del canon propuesto sería trasladada al consumidor financiero, quien la pagaría por medio de los productos que adquiera.
Tras el dictamen, el texto pasa al Plenario Legislativo para su discusión en primer debate. Para convertirse en ley, se requeriría un aval de 38 diputaciones en segundo debate.