Japdeva espera salvavidas de ₡6.500 millones de Cosevi: “requerimos apoyo indiscutible”
Embargo en cuentas e impactos por pandemia aceleran crisis en entidad portuaria
(CRHoy.com). Luego de que a finales de agosto se firmara un acuerdo entre el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) y la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) para la transferencia de 6.500 millones de colones, está previsto que el movimiento de dinero se complete en las próximas semanas.
Andrea Centeno, presidenta ejecutiva de la entidad portuaria, explicó a CRHoy.com que la junta directiva de Cosevi aprobó, durante la noche del miércoles, el traslado de los recursos a la junta para enfrentar el pago de salarios, indemnizaciones y gastos operativos en medio de una situación financiera compleja.
Por su parte, la junta directiva de Japdeva avaló este jueves las condiciones para utilizar los recursos. Ahora, el paso siguiente será remitir la gestión al Ministerio de Hacienda para que dé la autorización que permita confeccionar un presupuesto extraordinario. Luego el trámite pasará por la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria (STAP) y la Contraloría General de la República (CGR).
Centeno aseguró que requieren los recursos para cubrir todas las necesidades previstas para el próximo mes de octubre. Incluso, si el dinero no ingresa en las próximas semanas el panorama podría ser más complejo de lo estimado.
"Requerimos apoyo indiscutible para octubre. Estaremos en mucha dificultad, con alto riesgo a no poder cubrir lo necesario (si el dinero no entra en ese mes)", citó la funcionaria a este medio.
Como señaló CRHoy.com el pasado 2 de setiembre con base en las explicaciones brindadas por Centeno, la institución caribeña confiaba en que este año se consumara el plan de reestructuración aprobado en octubre de 2019, con el cual se adelgazaría la planilla de la entidad para enrumbarse hacia nuevos negocios que permitieran enfrentar el inicio de operación de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM) a cargo de la holandesa APM Terminals.
Las cosas no salieron como estaban previstas. Primero fue la irrupción de la pandemia por el coronavirus COVID-19 y luego, en medio de eso, un embargo preventivo de las cuentas bancarias institucionales (por ¢5.300 millones) tras una gestión hecha por el Sindicato de Trabajadores de Japdeva (Sintrajap) ante el Juzgado de Trabajo de Limón desde el año 2013.
Esas cuentas congeladas resguardan recursos para el pago de los extremos laborales contemplados en el plan de reestructuración. También, almacenan el superávit captado en diciembre 2019 para apoyar el pago de salarios y otros gastos corrientes.
Este tipo de transferencias, como la acordada con Cosevi, están facultadas en el Artículo 5 de la Ley 9764 que avala el plan de reestructuración en la junta.
Durante el primer semestre de este año Japdeva cerró con un déficit neto (cuando los gastos superan a los ingresos) superior a los ¢4 mil millones. Así se desprende de un oficio remitido el pasado 10 de junio por la gerencia general de la entidad a la CGR.
Por su parte, el embargo solicitado por Sintrajap suma ya más de 4 meses. En total, el dinero en las cuentas congeladas supera los por ¢5.300 millones. Según la cúpula de la institución, esta acción judicial truncó el desarrollo del plan de reestructuración.
Tareas pendientes
Entre las obligaciones que aún debe honrar Japdeva figuran las prestaciones pendientes de 37 exfuncionarios que salieron mediante el proyecto de reestructuración, así como la ejecución de tareas atinentes a las propuestas de reestructuración.
La facultad legal para que la entidad desarrollara un plan de reestructuración fue ampliamente discutida durante 2019 en la Asamblea Legislativa.
El 14 de octubre de ese año los legisladores aprobaron destinar ¢17 mil millones a la propuesta de modificación institucional (antes de eso avalaron ¢5.700 millones para salarios y obligaciones mientras se discutía el proyecto), pero en menos de 1 año el panorama pasó de la claridad a las sombras.
La intención trascendental era reducir la planilla de 1.192 funcionarios a 350 (actualmente hay 576) para orientarse a nuevos negocios que permitieran enfrentar la reducción de ingresos derivada del inicio de operaciones de la TCM.
