La Defensoría de los Habitantes manifestó su oposición a que la sostenibilidad del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) se atienda mediante una reducción de la tasa de reemplazo, un aumento de cargas a los asegurados o medidas que disminuyan el ingreso neto de los pensionados.
La institución fijó su posición tras el informe técnico que la Gerencia de Pensiones de la CCSS remitió a la Junta Directiva, en el que se plantean 20 propuestas para fortalecer el régimen. Entre ellas figura el aumento de 300 a 360 cuotas como requisito para una pensión ordinaria.
La Defensoría sostiene que la sostenibilidad financiera del IVM debe garantizarse sin debilitar el derecho a la seguridad social ni trasladar el costo principal del ajuste a trabajadores, pensionados y futuros jubilados.
Aunque reconoce presiones financieras, demográficas y laborales sobre el sistema, insiste en que la respuesta debe ser integral, progresiva y equitativa, no centrada en ajustes paramétricos.
En ese sentido, advierte que cualquier reforma debe preservar una tasa de reemplazo suficiente, que es el porcentaje del salario que una persona recibirá como pensión cuando se jubile.
Considera que la tasa integral no debería ser menor al 75% (IVM más ROPC) y señala que este porcentaje debe analizarse también en términos netos.
Por ejemplo, una eventual contribución al Seguro de Salud reduciría la tasa de reemplazo en aproximadamente cinco puntos porcentuales, afectando especialmente a quienes dependen casi exclusivamente del IVM.
La entidad también expresó preocupación por propuestas que aumenten la cantidad de cuotas requeridas sin un diseño proporcional. Señala que elevar requisitos sin medidas compensatorias podría excluir a personas que han cotizado durante años, pero no logran cumplir las condiciones para pensionarse.
Como alternativa, plantea valorar una pensión proporcional a lo cotizado, de forma que quienes no alcancen el total de cuotas no queden desprotegidos. Según la Defensoría, esta medida permitiría reconocer el esfuerzo contributivo, fortalecer la legitimidad del sistema y evitar nuevas formas de exclusión en la vejez.
La institución reiteró que el IVM es el principal régimen contributivo de pensiones del país y que su fortalecimiento es clave para proteger la vejez, la invalidez y la sobrevivencia, pero subrayó que la sostenibilidad financiera debe ir de la mano con la suficiencia de las prestaciones y el principio de solidaridad.