INVU rescindió contrato a empresa audiovisual que opera en un salón de belleza
La Fiscalía Anticorrupción abrió una causa relacionada con el contrato.
El Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) decidió rescindir el contrato de producción audiovisual y diseño gráfico adjudicado a Studio de Imagen ALT S. A., una sociedad que opera en un salón de belleza y recibió más de ₡335 millones en adjudicaciones de la institución, entre 2020 y 2026.
La contratación recibió cuestionamientos por dos motivos: la empresa compartía sociedad y dirección con el salón de belleza, y un informe interno señaló posibles debilidades en la autorización y fiscalización del procedimiento. El documento también cuestionó que la oficina de Comunicación gestionara contrataciones sin suficiente supervisión ni control administrativo.
El INVU tomó la decisión después de analizar el procedimiento y abrir una investigación interna, tras los cuestionamientos revelados por CR Hoy. No obstante, la medida aún está sujeta a la resolución de una apelación contra el acto administrativo.
El 7 de marzo de 2026, CR Hoy reveló que el INVU había pagado aproximadamente ₡43,6 millones a Studio de Imagen ALT entre setiembre y diciembre de 2025. Los pagos se tramitaron mediante órdenes de pedido bajo la modalidad de servicios según demanda.
La orden de inicio del contrato más reciente se fijó para el 1.º de julio de 2025, según el expediente digital del Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop).
Productora y salón compartían sociedad y dirección
Durante el período de contratación, Studio de Imagen ALT registraba como dirección el local número 2 de Plaza Tributo, en la radial de Lindora, entre Santa Ana y Belén.
Un equipo de CR Hoy visitó el lugar y constató que allí operaba Gio del Toro Studio de Imagen, un salón de belleza. Además, la sociedad tenía inscrita la actividad de operación de salones de belleza y barberías.
Allyson Bolívar Restrepo, representante de Studio de Imagen ALT, explicó que la productora y el salón pertenecen a una misma sociedad familiar y comparten el inmueble para reducir costos operativos.
La empresa sostuvo que sus actividades de diseño, fotografía y producción audiovisual estaban debidamente registradas y contaban con los permisos y las licencias correspondientes. También aseguró que el contrato con el INVU comprendía exclusivamente servicios gráficos y audiovisuales, tramitados mediante los procedimientos administrativos establecidos.
El Invu pagó ₡355 millones a un salón de belleza por servicios audiovisuales entre 2020 y 2026.
INVU defendió la contratación
Cuando CR Hoy consultó inicialmente sobre el caso, a comienzos de 2026, el INVU defendió la adjudicación. La institución aseguró que había revisado con la empresa la actividad consignada en su patente comercial.
También confirmó que recibía un servicio complementario de peluquería para preparar modelos e influencers antes de castings y producciones audiovisuales.
"El INVU no contrató un salón de belleza, sino una empresa que brinda servicios de producción audiovisual y diseño gráfico", manifestó entonces la institución.
La contratación figuraba entre los casos examinados en un informe del exasesor de la Presidencia Ejecutiva, Mauricio Montero. El documento analizó denuncias internas sobre procedimientos gestionados desde la oficina de Comunicación y advirtió sobre posibles debilidades en la autorización y fiscalización de las contrataciones.
Además, cuestionó que esa oficina asumiera tareas que normalmente corresponden a otras dependencias.
Las observaciones quedaron recogidas en un oficio del 6 de junio de 2025. Mediante ese documento, la entonces presidenta ejecutiva, Ángela Mata, solicitó al gerente Marco Hidalgo aclarar si existía una delegación formal que respaldara la intervención de Tatiana Mora Moya, encargada de Comunicación, en esos procedimientos.
La solicitud también incluyó información sobre las contrataciones en las que la funcionaria había intervenido entre 2017 y abril de 2025. El objetivo era revisar posibles incompatibilidades de funciones y riesgos para los recursos institucionales.
Fiscalía también investiga el contrato
La Fiscalía Anticorrupción abrió una causa relacionada con el contrato adjudicado a Studio de Imagen ALT. La contratación se tramitó mediante órdenes de pedido bajo la modalidad de servicios según demanda desde la oficina de Comunicación, dirigida por Tatiana Mora Moya.
La investigación surgió tras el informe de Montero, que cuestionó que Mora gestionara la contratación sin supervisión ni control administrativo.
Los señalamientos también llevaron a la entonces presidenta ejecutiva, Ángela Mata, a consultar sobre la participación de la funcionaria en procesos de contratación administrativa.
Gabriela Madrigal, quien ocupó la Presidencia Ejecutiva del INVU hasta el 8 de mayo, evitó revelar si la institución denunció las anomalías ante el Ministerio Público. Se limitó a indicar que correspondería a la nueva junta directiva revisar los casos.
La decisión de suspender y rescindir el contrato se conoció en octubre. El INVU aclaró que la medida aún está sujeta a la resolución de una apelación.