Informe de la UCR: Interferencia de tabacaleras en políticas públicas alcanza nivel histórico
La interferencia de la industria tabacalera en las políticas públicas de Costa Rica alcanzó su nivel más alto desde que el país participa en la medición internacional de este fenómeno.
Costa Rica obtuvo 64 puntos en el Índice de Interferencia de la Industria Tabacalera de 2025. Las evaluaciones anteriores registraron 49, 48 y 58 puntos. En esta metodología, una calificación mayor representa más interferencia.
Así lo señala el Informe 2026 del Observatorio de Salud Pública de la Universidad de Costa Rica (UCR). El documento analizó la situación del control del tabaco en el país y el cumplimiento del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el Control del Tabaco.
Según sus conclusiones, la interferencia ocurrió principalmente mediante mecanismos indirectos e institucionalizados.
Es decir, el informe no señala una aceptación explícita de propuestas redactadas por las tabacaleras.
En cambio, identifica influencia en espacios institucionales, oposición coordinada a iniciativas legales, retrasos regulatorios y acciones dirigidas a fortalecer la reputación de estas compañías.
Uno de los puntos destacados es la permanencia de cámaras empresariales, en las que participan activamente compañías tabacaleras, dentro de la Comisión Mixta contra el Comercio Ilícito. Estas organizaciones tienen voz y voto en ese espacio.
En esa comisión se discutieron proyectos de ley sobre empaquetado neutro, aumento de impuestos y regulación de dispositivos electrónicos. De acuerdo con el informe, el argumento del comercio ilícito se utilizó reiteradamente para oponerse a medidas sanitarias.
El documento también señala una oposición coordinada a proyectos que pretendían fortalecer la regulación o elevar los impuestos sobre los productos de tabaco.
Además, se respaldaron propuestas para flexibilizar las reglas aplicables a nuevos dispositivos de nicotina.
Desde el Ministerio de Salud se denunciaron públicamente posibles incidencias de la industria en modificaciones legislativas relacionadas con los impuestos a dispositivos electrónicos.
Retrasos favorecieron a la industria
La investigación identificó atrasos en la aplicación de medidas regulatorias.
Entre ellos menciona la tardía reglamentación de la Ley N.° 10.066, relacionada con los dispositivos electrónicos. También señala demoras en la actualización de las campañas de advertencias sanitarias.
Según el informe, estos retrasos favorecen comercialmente a la industria y debilitan medidas de control cuya eficacia ya ha sido demostrada.
También se advierte sobre el crecimiento de iniciativas de responsabilidad social corporativa.
Como ejemplo menciona el proyecto "Costa Rica no es un cenicero", impulsado por una tabacalera en alianza con municipalidades.
El Observatorio considera que este tipo de acciones puede servir para legitimar la reputación de las empresas y ejercer una posible influencia política. Esto iría en contra del espíritu del artículo 5.3 del Convenio Marco para el Control del Tabaco.
Ese artículo busca proteger las políticas de salud pública frente a los intereses comerciales de la industria tabacalera.
País carece de controles preventivos
El informe califica como su hallazgo más preocupante la ausencia de mecanismos preventivos robustos contra la interferencia.
Costa Rica no cuenta con un registro público obligatorio de las interacciones entre funcionarios y representantes de la industria. Tampoco tiene un código de conducta específico para empleados públicos ni un programa sistemático para aplicar el artículo 5.3 del convenio.
Estas carencias permiten que la influencia ocurra de maneras menos visibles. Entre ellas figuran los atrasos, la reducción del alcance técnico de las regulaciones, la fragmentación institucional y la normalización del diálogo con la industria.
El informe concluye que Costa Rica mantiene un marco legal sólido para el control del tabaco. Sin embargo, enfrenta debilidades importantes en gobernanza y transparencia.
Por esa razón, plantea la necesidad de fortalecer las protecciones institucionales para garantizar que las decisiones sanitarias respondan al interés público y no a presiones comerciales indirectas.
Nuevos productos elevan el desafío
La situación ocurre mientras el mercado de productos con nicotina cambia rápidamente.
El informe señala que el cigarrillo combustible dejó de ser el único foco del problema. Los sistemas electrónicos ganaron espacio e incluyen productos con concentraciones elevadas de nicotina, nuevos formatos y canales digitales de venta.
Según el documento, el mercado electrónico ya no representa un nicho marginal. El vapeo se convirtió en un componente estructural del mercado.
El Observatorio advierte que las regulaciones suelen avanzar más lentamente que el mercado. Esto puede erosionar los logros alcanzados por el país en la reducción del tabaquismo tradicional.
Frente a este panorama, recomienda establecer reglas claras para las interacciones con la industria, crear códigos de conducta para funcionarios y reforzar la coordinación entre instituciones.
También propone mejorar la capacidad para tramitar infracciones, supervisar el mercado electrónico y aplicar mecanismos de trazabilidad contra el comercio ilícito.
"El desafío actual es blindarlo institucionalmente", concluye el informe al referirse al marco legal costarricense.
El objetivo, añade, es garantizar que las decisiones sobre el control de la nicotina respondan exclusivamente al interés público.