Informe de EEUU: Cárceles ticas siguen en condiciones precarias pese a millonaria inversión
No se erradica la violencia entre privados de libertad.
(CRHoy.com) La mayoría de centros penales en Costa Rica siguen en condiciones precarias, así lo determinó el Departamento de Estado de Estados Unidos en su último informe sobre las prácticas de Derechos Humanos en el país.
El documento oficial compartido por esa dependencia gubernamental señala que las prisiones no cuentan con los requerimientos sanitarios adecuados y son sitios adversos a causa de la sobrepoblación. Entre otros aspectos, también confirman que existen "dificultades para un oportuno acceso a servicios de salud" y no se erradica "la violencia entre los privados de libertad".
La sobrepoblación sigue siendo uno de los focos críticos en los reclusorios, según el análisis, pese a que en la actualidad se tienen una capacidad excedida del 6%, siendo la cifra más baja en las últimas dos décadas.
"La disminución en la sobrepoblación es producto en parte de la apertura en enero de un nuevo centro de atención interinstitucional con capacidad para 1.250 privados de libertad. Aunque el Ministerio de Justicia realizó esfuerzos para aumentar la capacidad penitenciaria y mejorar las condiciones de conformidad con estándares internacionales, algunos centros de atención institucional y las unidades de atención integral (centros penitenciarios de mínima seguridad) permanecieron con sobrepoblación, con el mayor problema identificado entre la población indiciada. Las autoridades mantuvieron en algunas ocasiones a detenidos en prisión preventiva junto a los presos sentenciados", confirmaron.
Las condiciones precarias en los centros penales incluyeron espacios inadecuados para descanso, espumas deterioradas para dormir en el suelo, y acceso insuficiente a los servicios de salud. En los centros penales se consiguieron con facilidad sustancias prohibidas, y el abuso de drogas fue común.
También hicieron crítica sobre las prolongaciones de medidas cautelares privativas de libertad para personas que no han sido condenados.
"Los extensos períodos de prisión preventiva fueron un problema. Según el Ministerio de Justicia, a julio, el 17 por ciento de la población penitenciaria estaba constituida por personas en prisión preventiva, comparado con un 13 por ciento en el 2021. El tiempo promedio de prisión preventiva fue de entre 90 y 180 días. En algunos casos, las demoras se atribuyeron a investigaciones criminales pendientes o a largos procedimientos judiciales. En otros casos se debió a la acumulación de causas pendientes en los tribunales", cuestionaron.
Críticas del propio ministro
Una de las cárceles más nuevas es el Centro de Atención Institucional (CAI) Terrazas, inaugurado en noviembre del 2021, con la que se logró un impacto directo en la reducción de la sobrepoblación penitenciaria, cifra que para enero del 2022 estaba en 7,1%.
Sin embargo, el actual ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos, criticó esta edificación, alegando que fue "un fraude". El jerarca dijo en noviembre del año pasado en la Comisión de Asuntos Hacendarios que las instalaciones de Terrazas 1 y Terrazas 2 "no sirven".
"Se han vendido proyectos como Terrazas, con la ilusión de que esto mejorará. Terrazas 1, no sirvió, hemos invertido un montón de millones y Terrazas 2, es un fraude. Ese edificio no sirve para Sistema Penitenciario. Hicimos las denuncias, lo hemos mandado al Ministerio Público, pero tenemos la construcción de un edificio de 5600 millones que no va a servir para Sistema Penitenciario", recalcó.
Pese a ser un centro nuevo, aseguró que Terrazas 2, está sin concluir y enlistó los presuntos problemas que deben asumir:
- Hicieron un comedor sin cocina, por lo que tienen que trasladar a los reos al CAI Jorge Arturo Montero donde se deben albergar 4 mil personas.
- Patio de sol en un segundo y un tercer piso con escaleras de metro treinta para subir y bajar
- Dormitorios "no son acordes".
- Áreas con paredes de estereofón
- Problemas de agua, de aguas negras o aguas normales
Siguen usando teléfonos
Otro de los inconvenientes que parece no tener fin es el uso de teléfonos celulares por parte de los privados de libertad, así como el acceso a redes de conexión Wifi dentro de las cárceles para la comisión de actividades ilícitas.
"En el 2018 una ley implementó el bloqueo de la señal de telefonía móvil por medio de los operadores de redes de servicios de telecomunicaciones, pero sin incluir al Ministerio de Justicia, y la eficacia del sistema no estaba clara", mencionan.
Agresiones a reos
Sobre las agresiones a los reos, el estudio enmarca las denuncias remitidas a la Defensoría de los Habitantes, donde se realizó el trámite administrativo de investigación de cada una, incluidas las acusaciones creíbles de maltrato.
Estos casos son analizados por el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura, donde se exige cuentas al Ministerio de Justicia en eventos donde se pueda comprobar que existieron golpizas o cualquier tipo de intervención donde se empleó fuerza desmedida de manera innecesaria contra algún reo.
Uno de los que recibieron fue dado a conocer por CRHoy.com el pasado mes de febrero, cuando un hombre de apellidos Rojas Esquivel, denunció ante los magistrados de la Sala Constitucional que fue víctima de agresiones por parte de oficiales penitenciarios.
El denunciante aseguró que lo encerraron en una estructura tipo gallinero para aislarlo, donde no recibía comida ni sol, tampoco y dormía en una hamaca sin cobijas. El espacio era de aproximadamente 1×2 metros y tenía que defecar en un tarro plástico.
Otros señalamientos:
- El gobierno permitió la evaluación independiente de las condiciones en los centros penales por parte de observadores de derechos humanos nacionales e internacionales.
- La Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR) monitoreó el centro de aprehensión para extranjeros en condición irregular y realizó visitas mensuales; la Defensoría de los Habitantes inspeccionó las condiciones en todos los otros centros de detención y preparó informes anuales.
- Arresto o detención arbitraria: La constitución prohíbe el arresto y la detención arbitraria, y permite a las personas interponer recursos ante los tribunales a fin de que se revise la legalidad de su detención o arresto. El gobierno, en general, respetó esas normas.