Informe: Ataques verbales de Chaves a prensa son contrarios a la garantía de Estados
Las garantías para la libertad de prensa en el país se vieron erosionadas desde los últimos 2 años tras los ataques sistemáticos del presidente Rodrigo Chaves tanto a periodistas y medios de comunicación, pérdida de confianza hacia los segundos y altos niveles de violencia en línea.
Este fue uno de los hallazgos del Cuarto Informe del Estado de la Libertad de Expresión en Costa Rica, elaborado por el Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (Proledi) y el Centro de Investigación en Comunicación (Cicom) de la Universidad de Costa Rica (UCR).
En el capítulo I titulado Tensiones sobre la Libertad de Expresión en Costa Rica: entre garantías y amenazas del Estado", los investigadores detallaron que aunque se corra peligro por las amenazas que existen hacia la libertad de expresión, existe la Sala Constitucional que viene a ratificar la defensa de los derechos ciudadanos.
"Los informes de la organización internacional Reporteros sin Fronteras, los de la Relatoría especial sobre libertad de expresión de la (Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los reportes sobre Libertad en Red de Freedom House, así como los estudios centroamericanos sobre libertad de expresión y seguridad de periodistas, elaborados por el Proledi, muestran claramente las presiones del gobierno hacia periodistas y medios de comunicación, la creciente autocensura y violencia digital, así como las dificultades para el acceso a la información de interés público", se lee en el informe.
El informe hizo hincapié a un presunto "manejo arbitrario" de la publicidad estatal por parte del gobierno tras las investigaciones por la agencia del Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart) así como la "incertidumbre generada por el vencimiento de las concesiones de radiodifusión sonora y televisora".
Sobre el último aspecto en particular, el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) extendió a 15 meses las concesiones de radio y televisiones el pasado 26 de junio de 2024.
En peligro
El estudio citó un análisis que realizó Proledi con el Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica en agosto de 2023, en donde 2/3 partes consideraron que la libertad de expresión se encuentra en peligro.
En ese informe de hace un año, el 91% de los usuarios encuestados detalló estar en desacuerdo con los ataques y ofensas tanto a periodistas como medios de comunicación.
El detalle enfatizó que los gobiernos deberán abstenerse de prácticas que obstaculizan el acceso a la información pública. Uno de los casos en los cuales se hizo eco en el informe fue en la conferencia de prensa del 9 de enero de 2023 entre Chaves y la entonces ministra de Salud, Joselyn Chacón.
En esa se atacó de forma directa al entonces periodista de CRHoy.com, Jason Ureña, a quien Chacón utilizó los calificativos de "maldito", mientras que en el escenario hacia otros comunicadores se les refirió como "sicarios políticos". Tras la interposición del recurso de amparo por parte de Ureña, la Sala Constitucional condenó al Estado y ordenó a Casa Presidencial evitar el uso de ese lenguaje.
"La Sala considera que es desafortunado que tales funcionarios, quienes tienen el deber de ejercer su labor con los más altos estándares de respeto hacia la labor que realiza la prensa, utilicen tales palabras para referirse a periodistas de tres medios de prensa -en concreto a La Nación, CRHoy y Teletica-, incluido específicamente el amparado, como "malditos", "sicarios políticos", "asesinos a sueldo", "banda", o bien, "montón de lobos"", se lee en el informe.
Citó el caso del recurso de amparo interpuesto por la periodista Vilma Ibarra del programa Hablando Claro de Radio Columbia tras conocerse de una supuesta suspensión con carácter de urgencia la publicidad estatal de Amelia Rueda, La Nación, CRHoy y Canal 7.
En el periodo de análisis, se produjo una sentencia de la Sala Constitucional tras el cierre del Parque Viva de Grupo Nación por parte del Poder Ejecutivo.
"El Tribunal Constitucional, al declarar con lugar el recurso de amparo interpuesto por periodistas del medio de comunicación, consideró que el cierre de este negocio comercial se utilizó, por parte del gobierno, como un mecanismo de restricción indirecta de la libertad de expresión (censura velada)", sostuvo el informe.