Industriales: Gobierno “abofetea” a los ticos por acuerdo con sindicatos

Imagen de archivo en la firma del acuerdo (CRH).

(CRHoy.com) Siguen las críticas contra el Gobierno por haber firmado un acuerdo con los sindicatos del sector salud para que depusieran la huelga, que tenía paralizadas clínicas y hospitales de todo el país.

La mayoría de fracciones legislativas y empresarios de distintos sectores la han emprendido contra el equipo del presidente Carlos Alvarado y ahora se unen los empresarios de la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (CACIA). 

Maurizio Musmanni, presidente de esta agrupación, dijo que este acuerdo firmado el pasado lunes 12 de agosto por el Gobierno es contrario a lo establecido en la nueva Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

"Representa una bofetada a todos los ciudadanos y empresas, que por dicha ley están pagando mucho más impuestos por concepto de IVA y Renta, confiando en que también había un compromiso país, especialmente del Gobierno de la República, por eliminar privilegios y abusos salariales defendidos por los sindicatos", expresó Musmanni.

El empresario agregó que las señales que envía el ejecutivo con esta medida son nefastas, especialmente frente al urgente cambio de rumbo que se necesita en la confianza y la credibilidad en las políticas públicas. 

El acuerdo 20 de febrero

El pasado lunes la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Gobierno y el Frente Sindical en Defensa de la Caja firmaron un documento en el que pactaban judicializar un primer acuerdo del 20 de febrero. En aquel entonces la Caja y los sindicatos acordaron mantener el cálculo porcentual de la anualidad y no acogerse al cálculo nominal, tal y como lo deben hacer el resto de instituciones públicas del país. 

Sin embargo, decretos presidenciales posteriores al acuerdo del 20 de febrero obligan a todo el sector público a aplicar el cálculo nominal.

Los sindicatos reclamaron que en el primer acuerdo, firmado por el presidente de la CCSS, Román Macaya, se les prometió mantener el cálculo porcentual y fue cuando se tiraron a las calles. Inicialmente dijeron que paraban sus labores en defensa de la "privatización" de la Caja, pero luego reconocieron que lo que intentaban era defender sus pluses salariales.

Así quedó demostrado también el pasado 12 de agosto cuando en el acuerdo firmado por ambas partes para levantar la huelga no aparece ningún punto relacionado ni a los pacientes, ni a la administación de la Caja, ni a ningún intento de privatización. El contenido de dicho documento se refiere -únicamente- a incentivos salariales, a que no habrá represalias contra quienes se manifestaron, o a asuntos meramente de procedimiento.

"Debemos exigir incluso que, todos aquellos funcionarios que han actuado ilegalmente y que los funcionarios que eroguen o reciban montos salariales indebidos, provenientes de acuerdos políticos de esta naturaleza, sean llevados frente a los tribunales correspondientes en el momento que dicho acto suceda", añadió Musmanni.

Víctor Morales Mora, ministro de la Presidencia, fue quien firmó el acuerdo del lunes en representación del Poder Ejecutivo.