Imputados en “Madre Patria” citaron dádiva de $800 para funcionario del Ministerio de Salud
Funcionario les habría cobrado $800 por declarar casa como inhabitable
Dos imputados en el caso "Madre Patria" hicieron referencia a un pago de $800 como presunta dádiva para un funcionario del Ministerio de Salud con tal de que declarara inhabitable una casa localizada en un terreno propiedad de una extranjera.
Esa movida sería necesaria para tomar posesión de la propiedad, presuntamente, a través de fraudes registrales.
El plan quedó al descubierto en una de las intervenciones telefónicas realizadas por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y que están contempladas en el expediente judicial del caso.
La conversación ocurrió el 10 de mayo de 2023 a las 11:10 a.m. entre un abogado de apellidos Martínez Parada y un sujeto de apellidos Rojas Rojas, quien supuestamente brindaba servicios a la organización criminal para buscar propiedades de alto valor, en abandono y cuyos dueños residían fuera del país.
En la llamada, Martínez y Rojas conversan sobre la necesidad de desalojar a una mujer que residía en la vivienda ubicada en el terreno de interés y para ese requerían la intervención -a través del pago de una dádiva- del funcionario del Ministerio de Salud. Asimismo, hicieron referencia a la necesidad de un acta desalojo de la Fuerza Pública ante una presunta invasión ilegal en la casa localizada en la propiedad.
Extracto de la intervención telefónica citada en el caso "Madre Patria":
"Rojas responde que al mae del Ministerio de Salud hay que pagarle $800 y el mae se encarga de sacar esta casa como inhabitable, pero para poder él (funcionario del Ministerio de Salud) hacer eso, tiene que hacer ver un despiche (sic), por eso es que ocupa volarse los palos, cerrar, dejar pedazos de palo por todo, para que cuando él (funcionario del Ministerio de Salud) venga encuentre pedazos de palo por todo lado, la piscina hecha picha (sic) y la casa en completo abandono".
La conversación continuó haciendo referencia a la mujer que ocupaba la vivienda localizada en la propiedad que buscaban adquirir mediante métodos presuntamente fraudulentos:
"Martínez le menciona que va a hablar con 'Fit' para contarle todo esto, le va a decir lo que está pasando, que necesitan que les pase esa plata, le va a dar la cuenta de él (Rojas), para que le pase la plata directamente, que ya se la mandó la cuenta de él (Rojas) a él (Fit), que lo va a llamar de una vez. Rojas le sugiere que de una vez lo llame y le diga que el problema es que ahí está esa señora, le está dando aire, para que agarre el segundo aire, para que agarre segunda fuerza y él ya esto lo tiene listo, que lo viene breteando durísimo. Martínez le indica que ya lo va a llamar para hacer eso de una vez, que ya le avisa".
Según el análisis elaborado por el OIJ en uno de los informes contenidos en el expediente penal, "se logra determinar que la estructura criminal coordina todo para tomar posesión de una propriedad que presenta la ausencia de los poseedores, primero concretan cambiar las cerraduras de dicha propiedad y a su vez llevar a cabo la salida de una señora que se encuentra en una de los aposentos con la presencia de la Fuerza Pública, de igual forma 'pagarle' $800 a un funcionario del Ministerio de Salud para así sacar dicha propiedad como inhabitable y así poder llevar a cabo su objetivo".
La policía judicial enfatizó que las pesquisas realizadas en torno al caso evidencian un perfil victimológico en el que los dueños de las propiedades suelen ser extranjeros que residen fuera de Costa Rica y que suman meses sin tener posesión en el inmueble o adultos mayores con limitaciones cognitivas.
"Estos sujetos llegan a un barrio y comienzan a sondear con vecinos números de fincas y datos de los propietarios del lugar. Con eso, buscan más información e investigan si los dueños viven en Costa Rica o en el extranjero, así como otros datos necesarios para el proceso. El paso final es que el notario público, que es cómplice, use sus facultades legales para traspasar la propiedad, por lo que presenta diversos documentos propios de ese tipo de diligencias ante el Registro de la Propiedad u alguna instancia similar.
"De igual manera, los terrenos se localizan estratégicamente en zonas de alta plusvalía, donde pueden desarrollarse residencias o proyectos turísticos, y a su vez la mayoría de las propiedades se encontraban pasivas a nivel registral", describió el OIJ.
Rojas Rojas también es investigado en otra causa por el presunto delito de estafa, pues habría intentado sacar dinero de una cuenta bancaria utilizando un poder legal de una persona que ya estaba fallecida.
Ambos imputados fueron detenidos el martes 25 de junio en los allanamientos relacionados con el caso "Madre Patria".
Caso Madre Patria es el segundo más grande en la historia del OIJ y el primero en ser tramitado como crimen organizado, sin ser de narcotráfico. Imagen: OIJ
En el caso "Madre Patria", el OIJ y el Ministerio Público señalan la posible existencia de un grupo criminal liderado por 2 españoles, de apellidos León y Gómez, dedicado a cometer fraudes registrales con valiosas propiedades, las cuales eran despojadas a sus propietarios originales a través de la gestión de abogados notarios. Al parecer, luego las propiedades eran vendidas a terceros que las compraban de buena fe.
Con los recursos provenientes de las actividades ilícitas, las autoridades judiciales consideran que se habrían legitimado capitales a través de numerosos testaferros en distintas actividades comerciales: empresas de buses con rutas de transporte público en Alajuela, tiendas tipo outlet, criptomonedas, compra de vehículos de lujo, entre otros.
El OIJ y el Ministerio Público imputaron en la causa a un juez del Tribunal Penal de Desamparados, de apellidos Venegas Marín, quien habría legitimado capitales para el grupo a través de outlets.
Asimismo, figura como imputado un hombre de apellidos Rosales Apú, jefe del departamento de Concesiones y Permisos del Consejo de Transporte Público (CTP), quien presuntamente también colaboraba con la organización criminal con la inclusión de documentos alterados para beneficiar a las empresas autobuseras y brindando asesoría para los diferentes trámites que requerían.
De igual forma, 5 oficiales de la Policía de Tránsito fueron detenidos el martes 25 de junio por presuntamente evitar sanciones en carretera contra los buses de las empresas ligadas a los imputados a cambio de supuestas dádivas.