Director de Policía Municipal de San José: “Hay comercios que deben cerrar y perder permisos”
Cierre de locales en San José por venta de cigarros de contrabando
Al menos 22 locales en el centro de San José, principalmente en calle 8, cerca de Paso de la Vaca, están bajo investigación de las autoridades por venta de cigarrillos de contrabando y la reincidencia en incumplimientos legales.
En esta zona, además, se investigan posibles vínculos con estructuras de narcotráfico.
El director de la Policía Municipal, Marcelo Solano, advirtió que algunos de estos negocios no solo operan al margen de la normativa, sino que también generan un impacto negativo en el entorno social.
"Hay locales comerciales en esa zona que deben cerrar y perder sus permisos de funcionamiento, ya que generan un daño al entorno. Existen casos concretos de establecimientos que han sido intervenidos reiteradamente por vender productos de contrabando, como cigarrillos ilícitos fuera de las regulaciones del Ministerio de Salud, así como alcohol que incumple las disposiciones del Ministerio de Hacienda", afirmó.
Añadió que, en muchos casos, estos locales funcionan bajo dinámicas de delincuencia, ya que sus administradores estarían vinculados con otros hechos delictivos en esa zona de la capital.
"Estos supuestos empresarios, si es que pueden llamarse así porque apuntan más a ser delincuentes, viven de explotar a una población consumidora de drogas y alcohol, generando una dinámica que termina atrapando a toda una zona", cuestionó.
Control administrativo y retiro de licencias
La Municipalidad de San José reforzó en el último año los mecanismos administrativos para sancionar a locales reincidentes, ante la limitada efectividad de las intervenciones policiales en sitio.
Uno de los principales avances es la consolidación de la comisión municipal conocida como "90 bis", que analiza expedientes de comercios que incumplen de forma reiterada la normativa vigente.
Este órgano estudia actualmente 22 casos en los que podría proceder el retiro definitivo de licencias comerciales. Como parte de sus primeras acciones, ya impuso una multa de ¢1,3 millones a un local en el sector de Paso de la Vaca por infringir permisos.
Estas medidas responden a una reforma al artículo 90 del Código Municipal, impulsada años atrás, que permite a los gobiernos locales cancelar licencias cuando se comprueba reincidencia.
Durante años, la aplicación de estos mecanismos fue limitada, lo que redujo el impacto de los operativos. Aunque las autoridades ejecutan clausuras, muchos locales reabren en cuestión de horas mediante recursos legales, lo que impide concretar cierres definitivos.
Zona caliente de locales de contrabando
El Ministerio Público también impulsa investigaciones más amplias para vincular el contrabando con el financiamiento de organizaciones criminales dedicadas a otros delitos, como el narcotráfico.
Para la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada, calle 8, en San José, figura entre los principales puntos utilizados por estos grupos como centro de operaciones.
Solo en esta zona, CR Hoy comprobó la existencia de al menos 10 locales donde se comercializa este tipo de mercadería. Entre ellos destaca un establecimiento vinculado a un exoficial de policía de apellido Martínez, señalado como uno de los principales distribuidores de cigarrillos ilegales en el centro de la capital (ver nota aparte).
Solano indicó que este local ha sido intervenido en múltiples ocasiones; sin embargo, logra reabrir en menos de 48 horas para continuar operando.
"Con apelaciones, revocatorias y acciones judiciales, logran reabrir, lo que dificulta una solución definitiva", dijo.
El contrabando de cigarrillos en Costa Rica alcanza niveles críticos y golpea con fuerza a los locales comerciales del Gran Área Metropolitana.
Datos recientes indican que cerca de la mitad del consumo en el país corresponde a producto ilegal, lo que evidencia la magnitud de este mercado paralelo que también impacta zonas como el centro de San José.
El contrabando de cigarrillos genera millonarias pérdidas fiscales y mantiene vínculos con estructuras del crimen organizado, que utilizan locales comerciales como fachada para actividades ilícitas, incluido el lavado de dinero.