Hacienda bajo investigación por hostigamiento a dirigentes sindicales
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) ordenó continuar una investigación por una denuncia de presunto hostigamiento laboral contra el Ministerio de Hacienda, debido a que tres funcionarios de la Unidad de Asesoría Legal de la Tesorería Nacional alegan haber sido víctimas de invisibilización, aislamiento, represalias y afectaciones laborales por ser dirigentes sindicales vinculados a la seccional de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).
Así lo establece una resolución emitida el 4 de mayo de 2026 por la Dirección Nacional de Inspección del Trabajo del MTSS. Entre los denunciados figuran altos jerarcas, como el ministro de Hacienda, el viceministro de Egresos, el tesorero nacional y otros mandos administrativos, específicamente quienes ocuparon esos cargos durante la administración Chaves Robles (2022-2026).
El caso se originó el 12 de diciembre de 2025, cuando los denunciantes enviaron un correo electrónico al Ministerio de Trabajo solicitando que se investigaran los hechos. Según expusieron, las autoridades habrían impulsado cambios administrativos y reorganizaciones internas sin tomar en cuenta a los sindicatos ni a la propia Unidad de Asesoría Legal.
Alegatos
Los denunciantes sostienen que fueron excluidos deliberadamente de la elaboración de la propuesta y que se creó una "estructura paralela" de asesoría legal para reducir las competencias de la unidad donde laboran. Según ellos, las decisiones tomadas afectaban directamente sus funciones y debilitaban la independencia técnica de la asesoría jurídica.
Los funcionarios señalaron que en marzo de 2025 se indicó oficialmente que los sindicatos sí podrían revisar y participar en esos procesos, mientras que meses después, en octubre, otro oficio aseguró que no existía obligación legal de integrar a las organizaciones sindicales en la construcción de las propuestas.
Los denunciantes interpretaron este cambio de criterio como una señal de arbitrariedad y una forma de excluirlos de decisiones institucionales relevantes.
Además, afirmaron que las autoridades ignoraron correos electrónicos, recursos y solicitudes presentadas para cuestionar las modificaciones administrativas y pedir acceso a información relacionada con la reorganización.
Los funcionarios alegaron que sus recursos administrativos fueron rechazados "de plano", sin un análisis técnico ni jurídico adecuado. También sostuvieron que las jefaturas intentaron "intimidarlos" y "poner una mordaza" a sus cuestionamientos legales, debido a que mantenían posiciones críticas sobre la legalidad de los cambios impulsados dentro de la Tesorería Nacional.
Pidieron medidas
En enero de 2026, los denunciantes solicitaron medidas cautelares urgentes ante lo que calificaron como una "acción de revanchismo" por parte de las autoridades de Hacienda.
En esa gestión denunciaron que se ordenó el traslado físico de la Unidad de Asesoría Legal a otro espacio dentro del edificio del antiguo Banco Anglo Costarricense, sede central del Ministerio de Hacienda.
Los funcionarios alegaron que ese traslado fue dispuesto sin sustento técnico y que afectaba seriamente las condiciones necesarias para realizar su trabajo, debido a que la unidad maneja documentación confidencial y casos sensibles, por lo que requería privacidad y espacios adecuados.
Además, uno de los denunciantes indicó que había acondicionado el lugar actual debido a su condición de adulto mayor. El inspector consideró que sí existían indicios suficientes para valorar una investigación por presunto hostigamiento laboral.
Oposición a investigación interna
La resolución detalla que los denunciantes manifestaron expresamente su oposición a que la investigación fuera tramitada dentro del propio Ministerio de Hacienda. Según indicaron, existía un riesgo de falta de imparcialidad debido a que los denunciados forman parte de la estructura jerárquica institucional.
Los funcionarios también solicitaron diversas medidas cautelares, entre ellas la suspensión de decisiones organizativas, protección frente a represalias y resguardo de la autonomía técnica de la Unidad de Asesoría Legal. No obstante, el investigador señaló que muchas de esas solicitudes excedían las competencias legales de la Dirección Nacional de Inspección del Trabajo.
En su informe final, fechado el 16 de abril de 2026, el inspector planteó tres posibles caminos para el caso:
- Ordenar al Ministerio de Hacienda abrir una investigación interna.
- Designar un órgano director dentro de la propia Inspección de Trabajo para investigar directamente.
- Indicar a los denunciantes que acudieran a la vía judicial laboral.
La resolución concluye que el caso sí supera el análisis de admisibilidad y que existen elementos suficientes para abrir una investigación formal por presunto hostigamiento laboral.
Sin embargo, el documento señala un aspecto clave: en el expediente no quedó acreditado si Hacienda cuenta o no con un procedimiento interno específico para tramitar denuncias de hostigamiento laboral. Ese es un detalla relevante pues la normativa establece que, si existe un mecanismo interno adecuado, la Inspección de Trabajo normalmente debe ordenar que se active primero esa vía institucional.
El Ministerio de Trabajo también aclaró que el traslado del caso a la vía judicial laboral solo procederá si los denunciantes manifiestan que no desean continuar con la vía administrativa.