Gobierno visualiza concesión de 30 años en plan para finalizar vía a San Carlos
MOPT y Casa Presidencial consideran que es una alternativa para concluir esperada carretera
(CRHoy.com). La Administración Chaves Robles (2022-2026) apunta a concesionar la construcción y la operación de la nueva carretera a San Carlos, entre La Abundancia de Ciudad Quesada y San Miguel de Naranjo, con enlace a la autopista Bernardo Soto (San Ramón-Alajuela).
El proyecto, en pausa desde agosto de 2018 por una decisión del gobierno de Carlos Alvarado Quesada (2018-2022), aún tiene pendiente la conclusión del tramo central (La Abundancia de Ciudad Quesada-Sifón de San Ramón, con 80% de avance) y la construcción de la punta sur (Sifón de San Ramón-San Miguel de Naranjo-Autopista Bernardo Soto).
Para finalizar la obra, cuyo trazado total superaría los 50 kilómetros, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) tiene a disposición un crédito por $225 millones otorgados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Sin embargo, toda la inversión requerida ascendería a los $322 millones, de los cuales más de $100 millones serían aportados por recursos estatales.
La reactivación del proyecto se gestiona bajo el Programa de Infraestructura de Transporte (PIT) del MOPT.
Eduardo Chamberlain Gallegos, secretario técnico del Consejo Nacional de Concesiones (CNC) entre el 30 de mayo y el 30 de setiembre, detalló que en ese cuatrimestre la obra ingresó a la carpeta de proyectos de la entidad para ser estructurada bajo la vía de la concesión.
La idea de las autoridades, según expuso el exfuncionario en el informe final de labores, es adjudicar a una empresa constructora que elabore lo que falta y explote el corredor vial bajo la figura de la concesión (con mantenimiento incluido).
"Es un proyecto que tiene muchos años de haber sido empezado, pero que por infinidad de situaciones no ha sido posible concluir, por lo que se hicieron varios escenarios de cómo terminarlo, y en una reunión con altas autoridades del MOPT y de la Presidencia se tomó la decisión de continuarlo bajo el esquema de una concesión", expresó Chamberlain.
La propuesta del actual gobierno estima que la inversión aproximada de $322 millones se recuperaría a través de 2 estaciones de peaje. La intención es que la concesión se mantenga durante 30 años: 3 de construcción y 27 de explotación.
"El plazo de construcción se estima en 2 años, aunque es posible que se ocupe un año más para la conclusión de los puentes", detalló el exsecretario técnico de Concesiones, en el documento.
El proyecto contempla áreas de explotación comercial, estaciones de pesaje, pasos de fauna y un alto nivel de servicio (que se ha calculado no bajara de "B" en todo el plazo). Así lo apuntó Chamberlain.
Los estudios de factibilidad y los diseños para reanudar la obra están a cargo de la consultora española IDOM.
Asimismo, las principales expropiaciones pendientes están en la punta sur y unas pocas en el central. Se estima que costarán $12 millones, de los cuales $2.2 millones responden al tramo central.
"Para lograr revisar todos los estudios que IDOM presentará se requiere dotar al CNC de fondos para que pueda contratar a un grupo de consultores. Se han mantenido reuniones con Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para buscar un aporte no reembolsable para este fin. Si no se logra el aporte del BCIE habría que recurrir a personal interno de MOPT y Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), así como los consultores que tienen contrato abierto del programa del BID", advirtió Chamberlain.
Para gestionar la ruta bajo la figura de la concesión, también se requeriría formalizar un convenio entre el Conavi, el Programa de Infraestructura Vial y Promoción de Asociaciones Público-Privadas (PIV-APP) y el CNC.
Obra "eterna"
Desde que inició en 2005, se ha cambiado el alcance del proyecto en numerosas ocasiones.
Tanto así que, desde entonces y hasta la fecha, se plantearon 7 adendas contractuales y 7 ajustes presupuestarios ante la Contraloría General de la República (CGR).
Cuando comenzó, hace 17 años, la construcción del tramo central (Sifón de San Ramón-La Abundancia de Ciudad Quesada) estaba a cargo de la empresa taiwanesa RSEA. Pero, en 2007, por el rompimiento de relaciones diplomáticas con Taiwán durante el gobierno de Óscar Arias (2006-2010), la compañía asiática abandonó el país.
Un año después, en 2008, la obra pasó a manos de la compañía costarricense Sánchez Carvajal mediante una cesión de derechos.
La empresa local estuvo a cargo durante 10 años, hasta que la Administración Alvarado Quesada (2018-2022) optó por romper el contrato y enderezar el rumbo de la obra. Desde agosto de 2018, la construcción está paralizada, con un 76% del trazado ya asfaltado.
Hasta 2018, el proyecto había consumido $291 millones de recursos estatales. Una cifra notablemente superior a los $61 millones estimados en 2005 cuando la obra comenzó a cargo de RSEA.
Uno de los principales cambios ocurrió en 2014 cuando, tras 9 años de haber comenzado la fase constructiva, se aprobó una adenda contractual para que la carretera pasara de 2 a 4 carriles (2 por sentido). Este tipo de ajustes sobre la marcha, como lo explicaron ingenieros del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme) de la Universidad de Costa Rica (UCR), en junio pasado, involucran modificaciones (geométricas, estructurales y funcionales) y movimientos de tierra de gran magnitud.
Una inspección realizada por Lanamme en 2021 detectó la existencia de 5 fallas geológicas en distintos puntos de los 30 kilómetros que involucran el tramo central, las cuales agravan la vulnerabilidad de 68 taludes inestables identificados cerca de la carretera. Además, se encontraron 2 mil puntos con riesgo de deslizamiento.
La "nueva carretera a San Carlos" se dividió en 3 tramos independientes: la punta norte (Florencia-Ciudad Quesada, en operación desde 2018 tras inversión de $14 millones), el central y la punta sur (Sifón-San Miguel de Naranjo).
Según el Poder Ejecutivo, el objetivo es licitar el proyecto en 2023.