Desobediencia a Sala IV rompe récord: 2025 registró mayor cantidad de fallos sin acatar
Aunque la Sala Constitucional registra un nivel de cumplimiento del 95,13% en los fallos que emite, la desobediencia a sus resoluciones muestra una tendencia al alza.
El año 2025 marcó un pico histórico al registrar 788 casos de rebeldía institucional, la cifra más alta documentada hasta la fecha, según revela el primer Informe Estadístico sobre Cumplimiento e Incumplimiento de Sentencias Constitucionales elaborado por el Centro de Jurisprudencia Constitucional (CEJUCO).
En 2018, los desacatos sumaban 86 casos. El crecimiento fue progresivo pero moderado hasta 2021, cuando se llegó a 196 desobediencias; sin embargo, el gran salto ocurrió en 2022, año en el que la cifra prácticamente se duplicó, llegando a 389 casos. A partir de ese momento, la escalada no se ha detenido: 533 casos en 2023, 659 en 2024, hasta alcanzar el récord de 788 en el año 2025. La tendencia amenaza con continuar, pues solo en el primer trimestre de 2026 ya se reportan 183 expedientes sin acatar.
¿Quiénes incumplen más y en qué?
Los datos revelan que las instituciones más morosas con la justicia constitucional son la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Poder Ejecutivo y los gobiernos locales. Los temas en los que más se ignoran las órdenes de los magistrados son:
– Salud: Concentra la inmensa mayoría con 1.265 expedientes (39,66%).
– Trabajo: 643 casos (20,16%).
– Municipalidad: 240 casos (7,52%)
En la Sala explicaron que antes de la imposición de sanciones severas, la institución tiene como regla agotar las advertencias. Los datos demuestran que frente a un incumplimiento, el tribunal prefiere simplemente "reiterar" la orden dictada (con 3.317 casos registrados).
De acuerdo con la Sala, solo cuando la insistencia fracasa, los magistrados acuden a medidas extremas como enviar el expediente al Ministerio Público.
Las cifras revelan que al revisar solo los últimos cuatro años, los magistrados han remitido 17 expedientes penales contra 13 instituciones públicas y privadas por desobedecer directamente fallos vinculantes.
Entre las entidades denunciadas destacan las municipalidades de Paraíso, Montes de Oca y Mora, así como el Ministerio de Hacienda, el MEP y la CCSS.
"Los datos muestran que, frente al incumplimiento, la Sala opta mayoritariamente por insistir en la ejecución de sus resoluciones antes que recurrir a medidas sancionatorias", agregaron en la Sala.
Los jerarcas y funcionarios responsables de ignorar un recurso de amparo se exponen a sanciones contempladas en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, las cuales van desde 20 a 60 días multa, o penas que implican de tres meses hasta dos años de prisión.