Gobierno rebaja ¢7.838 millones en presupuesto del Poder Judicial para 2023

(CRHoy.com) El Gobierno de la República disminuyó en ¢7.838 millones el presupuesto del Poder Judicial para el 2023.

La rebaja fue comunicada al 26 de agosto pasado en un oficio enviado por el ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén, al presidente -aún cuando para entonces ya no ocupaba ese cargo- de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro.

El titular de la cartera explicó que, con la consolidación del plan de gastos, luego de considerar el pago de intereses, quedó claro que la demanda de recursos para el pago de la deuda "consume cada vez más ingresos probables" que se estiman para los próximos años.

"Dicho escenario, motivó a tomar la decisión apremiante de aplicar una rebaja a los recursos asignados a las instituciones para hacer frente al pago de intereses estimados para el próximo año y ajustar el Proyecto de Ley del Presupuesto de la República para el 2023 a la Regla Fiscal.

"Por lo anterior, hago de su conocimiento, como representante de la institución, que en la iniciativa que presentaremos a discusión y aprobación a la Asamblea Legislativa, se incluye el presupuesto de gastos asignado a su representada por un monto ajustado de ¢484.371 millones, como resultado de aplicar una rebaja de ¢7.838 millones en el gasto corriente, que disminuye un 1,68%", establece el documento al que CRHoy.com tuvo acceso.

Lo anterior aún y cuando el antecesor, Elian Villegas Valverde, había comprometido al Poder Judicial una suma adicional de ¢17.000 millones para el plan de gastos del próximo año, tal y como se desprende de la misiva DM-0426-2022, del 6 de abril. Ese aumento había sido ratificado por Acosta Jaén el 3 de agosto en el oficio DM-2072-2022, en el que rechazó una solicitud de la corte de un segundo aumento por ¢9.855 millones. Este medio tiene en su poder ambos documentos.

Por su lado, la Dirección de Planificación del Poder Judicial señaló en un informe suministrado a CRHoy.com por su oficina de prensa que "el rebajo fue aplicado de manera inconsulta" por parte de Hacienda.

Tras un análisis realizado por ese despacho al plan de gastos propuesto por el Ejecutivo, se identificó un traslado de recursos al Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes, con lo que el monto alcanza los ¢7.849 millones.

La Corte Suprema de Justicia ahora busca acercamientos con el Gobierno y el Congreso a fin de exponer las implicaciones de la rebaja realizada.

Afectación generalizada

El rebajo aplicado por el Ministerio de Hacienda afecta todos los programas presupuestarios del Poder Judicial, con excepción del correspondiente a la Administración del Fondo de Jubilaciones y Pensiones, que se financia con recursos propios. Lo anterior implica, por ejemplo, una afectación las partidas de sus jurisdicciones, el Ministerio Público, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la Defensa Pública así como la Oficina de Atención a Víctimas y Testigos.

La disminución más grande es la del programa de dirección, administración y otros órganos de apoyo con ¢3.268 millones.

Dicha subpartida contiene la mayoría de los gastos de soporte hacia otros programas institucionales, como los alquileres de edificios, de centros alternos de datos y de equipos de cómputo, así como la contratación de vigilancia, los servicios de limpieza, el desarrollo de sistemas informáticos, el pago de pólizas de seguros, la contratación de peritajes y la cancelación de traducciones. Esos servicios ya de por sí se habían visto afectadas toda vez que no crecieron y además le correspondía cubrir con los mismos recursos el pago del Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA), de acuerdo con la Dirección de Planificación.

La cartera además rebajó más de la mitad del contenido de recursos para financiar el programa de formación de aspirantes a la judicatura en la Escuela Judicial, lo que dejaría desprovista la formación de jueces. También se rebajó el rubro de indemnizaciones en ¢218 millones, lo que limita la posibilidad de hacer frente al resarcimiento económico de daño o perjuicio de personas físicas o jurídicas, incluidas las costas procesales u otros gastos similares.

Otro programa con un severo impacto es el de la Policía Judicial, dada una disminución de ¢2.909 millones. El grueso de esta rebaja se concentra en la subpartida de Útiles y materiales de resguardo y seguridad, por cerca de ¢1.000 millones. Esto impediría renovar cerca de 951 chalecos que vencen en 2023, valorados en ¢828 millones-. Dicha partida además contempla la compra de municiones para este cuerpo policial.

Pero al Organismo se le fijó una cifra de ¢230 millones para el mantenimiento y la reparación de equipos de su Departamento de Ciencias Forenses y Medicina Legal, que cuenta con laboratorios de alto valor que demandan un mantenimiento y calibración adecuados para respaldar los datos periciales que posteriormente se discuten en juicios. Para ese fin se habían presupuestado ¢538 millones con el objetivo de hacer frente a contratos para mantener en óptimas condiciones estos equipos.

A la Policía Judicial además se le rebajó la subpartida de gastos confidenciales por ¢126 millones, cuyo propósito es realizar trabajos de investigación -en su mayoría relacionados al narcotráfico, trata de personas o secuestros- que por su nivel de secretismo y características, como por ejemplo, precompras, pago de informantes, identificación de dinero y gastos de operación; no se pueden adquirir por los medios habituales de contratación.

El servicio jurisdiccional en cambio sufrió un rebajo de ¢885 millones que incluye a todos los despachos jurisdiccionales del país e incluye una disminución en los rubros de arrendamientos, limpieza y vigilancia de sus sedes.

A la Fiscalía se le disminuyó en ¢100 millones su subpartida de alquiler de equipo de cómputo aún cuando existen responsabilidades contractuales. Asimismo, se rebajó en ¢29 millones el programa que permite el pago de peritajes matemáticos, culturales, interconsultas y traducciones.

La Defensa Pública así como la Oficina de Atención y Protección a Víctimas y Testigos sufrieron rebajas por el orden de  ¢214 y ₡243 millones. Esto impacta sus servicios de limpieza, seguridad, compra de insumos, viáticos así como gastos de protección y ayudas económicas, entre otros.