Gobierno propone cerrar negocios por mercancía sin respaldo
Edificio del Ministerio de Hacienda. Archivo CRH
El Poder Ejecutivo propone cerrar temporalmente negocios donde se almacenen, vendan, distribuyan o comercialicen mercancías cuya procedencia legal no pueda acreditarse.
La autoridad aduanera podría aplicar esta medida cuando, durante una inspección, detecte productos cuyo origen no pueda acreditarse con la documentación correspondiente.
El cierre se mantendría mientras el responsable acredita, mediante los documentos correspondientes, el ingreso legal de los productos al país o su adquisición legítima. La medida se levantaría cuando desaparezcan las circunstancias que la motivaron.
Si después del procedimiento se determina que se cometió la infracción, el proyecto establece el decomiso de las mercancías, una multa equivalente al doble del valor de mercado de los productos retenidos y el cierre del inmueble durante 10 días naturales.
La sanción aplicaría a quienes almacenen, vendan, distribuyan o comercialicen mercancías sin los documentos aduaneros correspondientes o sin demostrar su adquisición legal en el mercado local, siempre que la conducta no constituya un delito de contrabando.
Sobre el contrabando
El proyecto también modifica el monto a partir del cual una conducta puede constituir delito de contrabando. La propuesta eleva el umbral de $5.000 a $20.000.
Según la iniciativa, se consideraría contrabando la evasión del control aduanero sobre mercancías cuyo valor sea igual o superior a $20.000. Cuando el valor sea inferior, la conducta se tramitaría como una infracción aduanera, cuando corresponda.
El contrabando se sancionaría con prisión de tres a seis años y una multa equivalente al doble del valor de mercado más alto de las mercancías, calculado con base en la fecha del hecho generador del delito.
Otras modificaciones
La propuesta también permitiría destruir mercancías de interés sanitario, fitosanitario y zoosanitario, así como otros productos sujetos a regulación técnica, cuando hayan sido retenidos o decomisados y no cumplan con las regulaciones correspondientes.
La destrucción podría ordenarse cuando, por las características, estado, riesgos o restricciones legales de los productos, resulte inconveniente o improcedente comercializarlos, subastarlos, donarlos o darles otro destino.
Los costos de transporte, almacenamiento, custodia, manipulación y destrucción serían asumidos por el responsable. Si no es posible determinarlo, localizarlo o recuperar esos costos, los asumiría el Ministerio de Hacienda.
La iniciativa también modifica las reglas sobre el destino de determinados bienes confiscados o no adjudicados en remates. Algunas mercancías y vehículos pasarían a disposición del Ministerio de Hacienda, que determinaría cuáles podrían ser entregados al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) para su donación o aprovechamiento social.
La reforma permitiría declarar en abandono las mercancías retenidas o decomisadas cuando hayan transcurrido 45 días naturales sin que el legítimo titular haya pagado las obligaciones tributarias, multas, tasas o recargos correspondientes, o haya solicitado su destinación ante la aduana. La medida no aplicaría si los bienes forman parte de un proceso judicial pendiente.
El proyecto establece también una multa de dos salarios base para los responsables que no justifiquen sobrantes o faltantes de mercancías detectados durante la descarga de los medios de transporte.
Cuando se trate de mercancías de distinta naturaleza a las declaradas, no procederá la justificación. Los productos no justificados serían considerados en abandono y quedarían a disposición de la autoridad aduanera.
Sobre los motivos
El Ejecutivo plantea reformar la Ley General de Aduanas debido a las debilidades que, según sostiene, presenta el régimen vigente. Entre ellas menciona procedimientos administrativos complejos, obligaciones cuyo incumplimiento no tiene una sanción específica y un esquema sancionatorio que no siempre diferencia adecuadamente la gravedad de las conductas.
Con la reforma, el Gobierno busca fortalecer las facultades de control y sanción de Aduanas, combatir el comercio ilícito y establecer sanciones más proporcionales y disuasorias.