Gobierno ha paralizado a la junta de la CCSS en cuatro ocasiones
Desde diciembre de 2022, distintas decisiones y atrasos del Poder Ejecutivo han paralizado la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), dejando pendientes temas como presupuestos, listas de espera y proyectos de infraestructura.
El episodio más reciente comenzó en mayo de este año. La Junta permaneció cerca de tres meses sin realizar sesiones ordinarias porque el Gobierno no completó su integración.
El Consejo de Gobierno se negó a juramentar a los miembros escogidos por los sectores sindical y patronal.
La Junta volvió a sesionar cuando el Consejo de Gobierno impuso temporalmente a Roger Rivera como representante sindical, pese a que las organizaciones de trabajadores habían elegido por unanimidad a la exdiputada Rocío Alfaro para ese puesto.
Ahora la Sala IV ordenó suspender el nombramiento de Rivera mientras resuelve un recurso de amparo presentado contra la negativa del propio Gobierno de nombrar y juramentar a Alfaro.
Este no es un hecho aislado.
Desde diciembre de 2022, CR Hoy ha documentado al menos cuatro periodos en los cuales actuaciones, destituciones, nombramientos pendientes o demoras del Gobierno contribuyeron a frenar la Junta Directiva de la CCSS.
Mayo de 2026: casi tres meses sin sesiones ordinarias
La paralización más reciente empezó el 8 de mayo, cuando venció el nombramiento de Francisco González como representante del Estado.
El Gobierno no designó oportunamente a su sustituto.
La ausencia de ese nombramiento impidió que la Junta sesionara. El órgano solamente podía reunirse para resolver asuntos urgentes bajo la figura de funcionario de hecho.
Ante consultas de CR Hoy, Casa Presidencial aseguró que el proceso de reclutamiento y selección todavía se encontraba en trámite.
La situación se agravó con la renovación de los representantes de los sectores sindical y patronal.
El Movimiento Sindical Costarricense eligió por unanimidad a Alfaro como representante titular. También seleccionó a Martha Rodríguez como suplente.
La elección se realizó el 9 de junio pero el Ejecutivo rechazó a ambas el 24 de junio.
El Gobierno cuestionó la experiencia de Alfaro en materias económico-sociales, su participación política y un posible conflicto de interés. En el caso de Rodríguez, alegó que no cumplía el requisito de máxima honorabilidad.
El Ejecutivo también rechazó los nombramientos realizados por el sector patronal.
Uccaep había elegido a sus representantes el 28 de mayo y comunicó el resultado al día siguiente. Un mes después, el Gobierno informó que no realizaría la juramentación porque consideró que una de las personas no cumplía los requisitos.
La organización patronal tuvo que convocar otra asamblea. Mientras se desarrollaban esas disputas, la Junta permaneció incompleta y sin posibilidad de sesionar ordinariamente.
Julio de 2025: Gobierno destituyó a una representante sindical
Otro periodo de paralización comenzó después de que el Consejo de Gobierno destituyó a Martha Rodríguez como representante sindical el 31 de julio de 2025.
Rodríguez afirmó que su salida fue una represalia política por sus posiciones dentro de la Junta y por ser testigo en causas penales de alto perfil, entre ellas el caso Barrenador y la investigación por la modificación de estudios actuariales de la Caja.
El Gobierno utilizó como argumento su participación en la aprobación de un ajuste salarial para los trabajadores de la institución.
Su destitución coincidió con la renuncia de dos representantes patronales. La combinación de esas vacantes dejó a la Junta sin cuórum legal.
El órgano solo pudo celebrar una sesión extraordinaria para convocar al sector sindical a escoger un sustituto. Para entonces, la Junta acumulaba varias semanas sin sesionar.
Octubre de 2024: el Gobierno tardó en nombrar a la nueva jerarca
La detención y suspensión de la diputada oficialista Marta Esquivel por el caso Barrenador provocó otra crisis en la integración de la Junta Directiva.
Un tribunal suspendió a la expresidenta ejecutiva Esquivel el 10 de octubre de 2024. La medida también alcanzó a otros directivos investigados por las adjudicaciones de áreas de salud a cooperativas.
Aunque las suspensiones tuvieron origen judicial, el Gobierno tardó un mes y diez días en nombrar a una presidenta ejecutiva temporal.
Durante ese periodo, el presidente se negó a realizar inmediatamente la sustitución y responsabilizó al Poder Judicial por dejar "descabezada" a la institución.
La Dirección Jurídica de la CCSS emitió un criterio para advertir sobre la urgencia de contar con una persona en la Presidencia Ejecutiva.
El Gobierno nombró temporalmente a Laura Ávila hasta el 20 de noviembre.
Los problemas de integración continuaron.
El Consejo de Gobierno no realizaba el nombramiento necesario para sustituir a María Isabel Camareno, suspendida desde el 10 de octubre por el caso Barrenador.
También faltaban dos representantes patronales. El Gobierno devolvió las propuestas del sector porque no cumplían con la paridad de género.
La última sesión de ese año se realizó el 19 de diciembre. Durante las primeras semanas de enero de 2025, la Junta solo podía atender temas urgentes.
El órgano volvió a sesionar plenamente el 6 de febrero de 2025. Para entonces acumulaba 570 asuntos pendientes.
Entre los temas atrasados estaban las listas de espera, proyectos hospitalarios, infraestructura, asuntos salariales y decisiones administrativas y financieras.
Diciembre de 2022: Gobierno suspendió a cinco directivos
La primera gran paralización ocurrió en diciembre de 2022.
El Consejo de Gobierno suspendió de manera inmediata a cinco miembros de la Junta Directiva.
Las autoridades alegaron que los representantes incurrieron en un supuesto conflicto de intereses al participar en acuerdos sobre el aumento salarial retroactivo para los trabajadores de la Caja y el salario mínimo inembargable.
La decisión dejó al órgano sin cuórum estructural.
En ese momento, dirigentes sindicales advirtieron que la Junta no podía reunirse ni tomar decisiones y que existían más de 200 acuerdos pendientes.
Incluso Marta Esquivel, entonces presidenta ejecutiva, reconoció los problemas provocados por la paralización. El Gobierno completó una nueva Junta el 8 de febrero de 2023, dos meses después de suspender a los cinco directivos.
Posteriormente, criterios de la Auditoría Interna de la CCSS y de la Procuraduría General de la República debilitaron el argumento del supuesto conflicto de intereses. La Sala Constitucional también ordenó restituir a los representantes.
En la mayoría de los casos, los magistrados concluyeron que el Gobierno vulneró la autonomía constitucional de la Caja y los derechos de los directivos.
Una historia repetida
La conformación de la Junta Directiva no constituye un trámite menor.
Ese órgano toma decisiones sobre el presupuesto, las inversiones, la infraestructura hospitalaria, la compra de medicamentos, las listas de espera y la administración de los fondos de la seguridad social.
También nombra a los gerentes, aprueba reglamentos y resuelve asuntos que afectan directamente a los asegurados.