La sectorización del transporte público es una de las medidas urgentes que se le reclaman al gobierno (Archivo CRH).

La situación es preocupante para todos y el gobierno de Luis Guillermo Solís, como en muchos otros temas, se percibe ausente y como le dijeron desde una curul en el Congreso,"blandengue".

El sector de transportes atraviesa su mayor crisis en años.  No  solo por las constantes y densas presas que colman la paciencia de cualquiera, sino porque esta administración no ha dado pie en bola para sacar adelante los pendientes en esta materia y que sumergen al país en un embotellamiento generalizado.

Sectores políticos y empresariales criticaron la falta de rumbo del gobierno en temas como los planes de sectorización, las demandas de los taxistas y porteadores, la negativa de proponer un plan para regular el servicio de Uber y el deficiente servicio del tren metropolitano.

Desde el inicio de esta administración los planes de sectorización no caminan con suficiente impulso y quien se percibía como su mayor precursor, el ex viceministro Sebastián Urbina,  fue despedido por el mismo presidente de la República en medio de presiones de autobuseros molestos por la decisión del ex funcionario de acelerar los planes en este tema y el  cobro electrónico de pasajes.

La medida que impulsaba Urbina contemplaba, en una primera fase, la construcción de carriles exclusivos de autobuses y de terminales en los cantones periféricos. Por ejemplo, en Desamparados el plan era disminuir de 34 a cinco el número de rutas de autobús que llegan diariamente hasta San José, desde diferentes sectores de ese cantón.

El diputado Rolando González, de Liberación Nacional, aseguró que en el Ejecutivo aún tiene espacio para negociar con los autobuseros y las municipalidades para implementar el plan, pero lamentó que prive una inacción por parte del gobierno.

A este problema se han sumado en los últimos años las demandas de los taxistas y los porteadores, quienes reclaman más liberación de permisos para trabajar y una mejor regulación del servicio que otorgan ambas partes.

Como si fuera poco, en septiembre del año pasado cuando irrumpió Uber en el mercado nacional,la situación se tornó más tensa con el gremio de los taxistas, pues a pesar de que el gobierno  reconoció que el servicio es ilegal, no ha propuesto ningún plan para regularlo.

El ex ministro de Obras Públicas (Mopt) en la administración Pacheco de la Espriella, Randall Quirós, insistió en que es urgente que el Ejecutivo tome una determinación para liberar el transporte público de personas o regular el servicio.

En lo que respecta al tren, los diputados concuerdan en que el plan para dotar al país de un moderno sistema de trenes de nada servirá si la institución continúa sin un rumbo claro y en medio de sus deficiencias operativas y de organización.

Cristian Vargas, el nuevo jerarca deberá encarrilar la entidad. Comprar nuevos equipos (por lo menos 10 locomotoras), llevar el tren a Alajuela, brindar un servicio más continuo y de mejor calidad para el usuario así como la implementación del pago electrónico y la compra de trenes híbridos son parte de las tareas pendientes.

En ese mismo sentido, el ex ministro lamentó el lento avance de modernización y mejoras del sistema de ferrocarriles en el país. Acotó que cuando en la administración Pacheco se reactivó el servicio, el objetivo era que en 2016 el tren llegara al aeropuerto Juan Santamaría.

Empresarios preocupados por la competitividad

Las quejas por el deterioro en el sistema de transporte no solo es de los políticos. El sector empresarial se siente preocupado por las repercusiones negativas que tiene sobre la competitividad la inacción del gobierno en este tema.

El presidente de la Cámara de Industrias, Enrique Egloff, dijo que el sector está percibiendo complicaciones en la actividad comercial no solo por el deficiente servicio de transporte, sino por la lentitud en la ejecución de obras de infraestructura importantes en el país.