Gobierno busca “crédito favorable” para que empresarios obtengan buses eléctricos

El Consejo de Transporte Público (CTP) respalda los planes liderados desde el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) para conseguir recursos que permitan constituir un fondo bancario enfocado en que empresarios del sector obtengan autobuses eléctricos.

El plan del gobierno es obtener los dineros a través de "fondos verdes" enfocados en temáticas climáticas, los cuales serían administrados a través del Banco Nacional de Costa Rica (BNCR).

Sería esta institución la que adquiera las unidades para arrendarlas a los operadores o que, en otra alternativa, facilite créditos con condiciones "ventajosas" para que los empresarios adquieran las unidades eléctricas.

La intención del Poder Ejecutivo es "incentivar" a las autobuseras a adquirir este tipo de vehículos. Quienes así lo hagan obtendrían contratos de concesión de rutas por hasta 14 años y no por 7 años (como hasta ahora).

Freddy Carvajal Abarca, director ejecutivo del CTP, indicó a CRHoy.com que el interés es que sea el BNCR el que utilice los "fondos verdes" y recalcó que el "bus eléctrico" es caro.

"Es caro. Es 3 veces la inversión de un autobús de combustión. Efectivamente, eso está muy avanzado. Se está trabajando a nivel institucional", puntualizó el funcionario.

El interés de la Administración Chaves Robles (2022-2026) en este plan es tal que fue uno de los temas principales que abordó Luis Amador, ministro del MOPT, durante la visita que hizo a Dubái (Emiratos Árabes Unidos) a principios de diciembre para participar en actividades ligadas a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático COP 28.

Amador se reunió con varios entes de cooperación internacional para intentar promocionar el proyecto de los autobuses eléctricos y así obtener los recursos que se gestionarían a través del fondo que crearía el BNCR.

Entre las instituciones a las que se les pidió ayuda figura la Agencia Internacional de Energía Renovable (Irena, por las siglas en inglés) a través de la plataforma Financiamiento Acelerador de Transición Energética (ETAF, por las siglas en inglés). En esos encuentros también estuvo Franz Tattenbach, ministro de Ambiente y Energía.

La intención no es nueva y se puso sobre la mesa de discusión desde diciembre de 2022. En el transcurso de este 2023 se ha ido cocinando y tomando forma, hasta llegar al escenario actual.

Una unidad eléctrica cuesta entre $260 mil y $280 mil (aproximadamente ₡145 millones, según el tipo de cambio vigente el 18 de diciembre de 2023), mientras el vehículo de diésel ronda los $150 mil (más de ₡78 millones).

La justificación del MOPT es que una concesión 14 años no generaría un impacto "alto" en las tarifas a los usuarios y los empresarios pueden diluir en ese lapso los costos de utilizar las unidades eléctricas.

Para el CTP, lo actual pasa por afinar el modelo de negocio que se aplicaría en esta propuesta.

"Cuando hablamos del modelo de negocio es buscar la figura. Por ejemplo, países como Colombia, como México, como Chile, que son países, que han avanzado en movilidad de autobuses, nos están dando esta posibilidad de ver esta figura (mediante fondo bancario). El fondo que viene, que es un fondo bancario, es si se le venden los buses a los empresarios u operadores con líneas de crédito favorable", agregó Abarca.

Amador dijo que en Dubái el First Abu Dhabi Bank (también de Emiratos Árabes) habló sobre un compromiso para financiar entre $60 millones y $87 millones como parte de los recursos que serían inyectados al fondo del BNCR.  Con ese dinero comprarían, aproximadamente, 310 unidades eléctricas.

Desde el 17 de noviembre, el ministerio adelantó que presentarían política pública de electromovilidad que otorgaría concesiones de hasta 15 años a empresarios que operen con unidades eléctricas. Así lograrían obtener financiamiento en entidades bancarias para comprar este tipo de vehículos.

En medio de la defensa del plan, Amador ha sostenido que el costo de comprar unidades eléctricas bajo este contexto sería similar si las concesiones se otorgan por plazos de hasta 7 años para operar con buses de diésel.

La política pública de "electromovilidad" contemplaría los diferentes elementos que se necesitan a nivel de contrato, de reglamento y de incentivos para arrendar las unidades eléctricas.

El alquiler de buses eléctricos formaría parte del plan de sectorización de buses en la Gran Área Metropolitana (GAM), el cual arrancaría en los primeros meses de 2024.

Franz Tattenbach, ministro del Minae y Luis Amador, titular del MOPT. Ambos buscaron en Dubái recursos para el fondo que constituiría el BNCR. Foto: MOPT

El plan piloto de la sectorización involucrará 5 sectores de la Gran Área Metropolitana (GAM). Pero, existen pendientes que se deben cumplir antes de arrancar: paradas con techo, señalización, demarcación, tarifas aprobadas por la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep) y la firma de contratos. Sobre las tarifas, el modelo debe ser ajustado para que se cobre una tarifa para cada sector.

Por eso, bajo la sectorización, los nuevos contratos de operación de las empresas se harían a 15 años.

El plan piloto arrancaría con los sectores de Tibás, Pavas, San Francisco de Dos Ríos, Guadalupe y Moravia. Bajo ese panorama, el Consejo de Transporte Público (CTP) mantiene el esquema de operar a través de consorcios empresariales. Es decir, 1 o varias empresas se pondrían de acuerdo para ofrecer el servicio en un sector.

La propuesta de sectorización en análisis, impulsada desde el gobierno de Carlos Alvarado (2018-2022), plantea un esquema de sectores y subsectores con rutas troncales. Esto se mantendría, mientras los esfuerzos están enfocados en estimar nuevamente la demanda en el transporte de pasajeros tras los impactos por la pandemia del coronavirus COVID-19.

Los sectores principales serían Alajuela, Heredia, Cartago y el Área Metropolitana de San José (AMSJ), mientras los "subsectores" contemplaban los siguientes trayectos: Tibás-Santo Domingo, San Pedro-Curridabat-Tres Ríos, Moravia-Paracito y Hatillo-Alajuelita, San Francisco, Escazú-Santa Ana, Desamparados y Pavas, y La Uruca-Heredia Sur, Guadalupe-Coronado, Paso Ancho-San Sebastián y Sector Central.