Gobierno anuncia respaldo al plan Jaguar del PLN
El Poder Ejecutivo anunció su respaldo al proyecto de ley impulsado por el Partido Liberación Nacional (PLN), el cual pretende favorecer contrataciones directas y sin fiscalización. Esto se lograría mediante una reforma a la Ley General de Contratación Pública (LGCP), para exonerar de su ámbito de aplicación los contratos que el país suscriba con organismos internacionales y otros Estados.
La Contraloría General de la República (CGR) y otras fracciones legislativas de oposición han manifestado su rechazo a la iniciativa, ya que sus propuestas se asemejan al plan Jaguar impulsado infructuosamente por el Gobierno meses atrás (ver nota inferior).
La Presidencia de la República confirmó, tras una consulta de CR Hoy, que el Gobierno apoya la propuesta del PLN; sin embargo, de momento no está valorando su convocatoria al actual período de sesiones extraordinarias en el Congreso, en el cual el Poder Ejecutivo controla la agenda de los proyectos que discuten los diputados.
"Apoyamos el expediente 24.215, pues es fundamental para los proyectos de cooperación internacional, ya que los sujetos de derecho internacional no deben ni pueden estar sometidos a la normativa interna de un país", indicó la Presidencia.
En la respuesta enviada, Zapote acusó a la CGR de, supuestamente, difundir información falsa sobre la propuesta.
"La contralora ha difundido información que no es cierta en relación con este proyecto, y eso ha provocado no solo que se desvirtúe, sino que su ambiente político se torne negativo. En ese contexto, las propuestas que pretenden impulsar algunos diputados para complacer a la contralora más bien desvirtuarían el propósito de la iniciativa y generarían condiciones que desestimulen la cooperación internacional. En virtud de ello, no se valora convocar, por el momento, hasta tanto no exista voluntad de las bancadas para impulsar una redacción que realmente sirva", señalaron.
¿En qué estado quedó el plan Jaguar del PLN?
El proyecto de ley que busca excluir del ámbito de control de la Ley General de Contratación Pública (LGCP) y de los mecanismos de fiscalización de la Contraloría General de la República (CGR) es autoría del jefe de fracción del PLN, Óscar Izquierdo Sandí.
A finales de abril, las fracciones legislativas del Partido Liberación Nacional (PLN), Unidad Social Cristiana (PUSC), Liberal Progresista (PLP) y Frente Amplio (FA) presentaron una moción con una propuesta de texto sustitutivo al proyecto de ley.
Según los diputados, esta nueva versión pretende atender las advertencias y recomendaciones de la CGR, con el objetivo de cerrar portillos que permitirían contrataciones directas y sin control.
La versión vigente del proyecto plantea excluir del ámbito de la LGCP las contrataciones que el país realice con otros Estados y organizaciones internacionales, mediante la adición de los incisos k) y l) al artículo 3 de dicha ley.
La propuesta de texto sustitutivo establece excluir de la aplicación de la LGCP:
"Los convenios de cooperación, acuerdos y acuerdos de costo compartido, celebrados con otros Estados, organizaciones internacionales o sujetos de Derecho Internacional Público, cuando el aporte de dichos entes represente al menos un cincuenta por ciento (50 %) del valor de lo convenido y siempre que el objeto no incluya la gestión, la asesoría, el diseño o la construcción de obra pública".
La moción añade que estos instrumentos deberán ser aprobados por la CGR y que, para aplicar la excepción prevista en el párrafo anterior, será necesario acreditar el interés público y la ventaja comparativa de la decisión. Esta deberá considerar la razonabilidad del precio y del costo.
Se establece que el convenio o acuerdo suscrito deberá garantizar:
"El pleno acceso a toda la información de las diferentes etapas de la contratación sobre el uso de los fondos públicos, en cumplimiento de los principios de eficiencia, eficacia, cooperación y colaboración interadministrativa, transparencia y buen uso de los fondos públicos".
Además, se indica que la CGR fiscalizará a la entidad contratante costarricense, la cual deberá garantizar igualmente el acceso a la información en todas las etapas del proceso de contratación y ejecución del objeto contratado con el sujeto de derecho internacional. Para ello, deberá tramitar el expediente a través del Sistema Unificado de Compras Públicas (SICOP).
El plan podrá continuar con su trámite una vez que sea convocado por el Gobierno. De lo contrario, deberá esperar hasta agosto, cuando los congresistas retoman el control de su agenda.
