Funcionarios de Conavi confirman complejidades en proyecto de nueva vía a San Carlos
Obra, paralizada desde 2018, no contaba con recursos necesarios para finalizar
Pablo Contreras, al centro fue el gerente de la Unidad Ejecutora del Proyecto entre 2015 y 2018. Captura de pantalla
(CRHoy.com). Funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) comparecieron este jueves ante la comisión legislativa de Ingreso y Gasto Público para referirse al estado del proyecto de construcción de la nueva carretera a San Carlos, entre Sifón de San Ramón y La Abundancia de Ciudad Quesada.
La exposición estuvo liderada por Pablo Contreras Vásquez, gerente de Construcción de Vías y Puentes de la entidad, quien se acompañó de 2 funcionarios que participaron en la ejecución de las obras que están paralizadas desde agosto de 2018, a la espera de ser retomadas bajo una propuesta amparada en un financiamiento otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Contreras, como gerente de la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP), estuvo a cargo de la gestión de la obra entre 2015 y agosto de 2018. Actualmente, la administración está en manos del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).
"El Conavi es un órgano colegiado y de carácter político. Me parece que había más pasión política que técnica. El proyecto requería más recursos. Hicimos una gestión en 2017 por $24 millones para dar continuidad al proyecto, para darle una terminación y aun así requeríamos más", explicó Contreras.
Verny Jiménez Rojas, exasesor de la Gerencia de Conservación y Vías y Puentes del Conavi, alegó este jueves ante los diputados que hubo irregularidades en la inclusión del proyecto en las rutas nacionales para recibir conservación vial, lo cual se hizo sin que la vía estuviera finalizada.
Según el exfuncionario, como ya lo había expuesto en 2021 ante el foro legislativo que investigó presuntos actos de corrupción en obras viales, esta situación se hizo por petición de Mario Rodríguez (exdirector ejecutivo del Conavi) y Rodolfo Méndez Mata (exministro del MOPT).
Para este fin, lo que se hizo fue incluir el proyecto en el contrato de conservación vial para esa zona, el cual estaba a cargo de la empresa Constructora Herrera.
"Lo que yo considero irregular es que a usted, a un contrato en el que ya se señalaron cuáles vías va a atender, se le incluya, basado en una orden de modificación, una vía inexistente, porque no estaba catalogada como tal. Ni siquiera por planificación sectorial. No sé cómo hicieron, fustigó Jiménez.
Verny Jiménez Rojas, exasesor legal de la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes del Conavi y del despacho del exministro Méndez. Captura de pantalla
Cuando comenzó, hace 17 años, la construcción del tramo central (Sifón de San Ramón-La Abundancia de Ciudad Quesada) estaba a cargo de la empresa taiwanesa RSEA. Pero, en 2007, por el rompimiento de relaciones diplomáticas con Taiwán durante el gobierno de Óscar Arias (2006-2010), la compañía asiática abandonó el país.
Un año después, en 2008, la obra pasó a manos de la compañía costarricense Sánchez Carvajal mediante una cesión de derechos.
La empresa local estuvo a cargo durante 10 años, hasta que la Administración Alvarado Quesada (2018-2022) optó por romper el contrato y enderezar el rumbo de la obra. Desde agosto de 2018, la construcción está paralizada, con un 76% del trazado ya asfaltado.
Hasta 2018, el proyecto había consumido $291 millones de recursos estatales. Una cifra notablemente superior a los $61 millones estimados en 2005 cuando la obra comenzó a cargo de RSEA.
Una inspección realizada por el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme) de la Universidad de Costa Rica (UCR) en 2021 detectó la existencia de 5 fallas geológicas en distintos puntos de los 30 kilómetros que involucran el tramo central, las cuales agravan la vulnerabilidad de 68 taludes inestables identificados cerca de la carretera. Además, se encontraron 2 mil puntos con riesgo de deslizamiento.
El MOPT durante el gobierno de Alvarado estimó que, para concluir todo el trazado, que superaría los 50 kilómetros en total, se requieren $300 millones. De los cuales, $225 millones serán financiados por el BID y $100 millones por el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).
El ministro Amador adelantó semanas atrás que, en octubre, cuando reciban el diseño, tendrán también listo el cartel de licitación para adjudicar las obras del tramo sur. A partir de esto, se deberán seguir procedimientos internos del BID y el interés es adjudicarlo en 2023.
Por mientras, hay numerosos pendientes por resolver: un hundimiento en el kilómetro 21, la necesidad de construir un nuevo puente sobre el río Laguna y una pugna legal por la existencia de un humedal en el sector de La Culebra. En total, hay 40 puntos críticos por atender debido a inestabilidades geológicas.
La carretera se dividió en 3 tramos independientes: la punta norte (Florencia-Ciudad Quesada, en operación desde 2018 tras inversión de $14 millones), el central y la punta sur (Sifón-San Miguel de Naranjo).