Fiscalía ya abrió causa contra presidenta del ICE por supuesto incumplimiento de deberes

(CRHoy.com) La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción abrió una causa a la presidenta ejecutiva del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Irene Cañas Díaz, por aparente incumplimiento de labores, al teletrabajar desde Panamá, donde busca la custodia legal de su sobrino.

El caso -al que se le asignó el expediente 22-000040-1218-PE- fue abierto a partir de una denuncia 0020-045-2022 presentada por la Auditoría Interna de la institución, confirmó a CRHoy.com la oficina de prensa del Ministerio Público.

La queja se formuló contra Administración Superior del Instituto -compuesta por la Presidencia Ejecutiva y las seis gerencias de la entidad- y se presentó ante el órgano acusador del Estado, la Contraloría General de la República (CGR) y la Procuraduría de la Ética Pública (PEP).

En cuanto a la pesquisa a cargo de la Fiscalía de Probidad, se tiene que esta avanza en la etapa de recolección de indicios, la cual es privada para terceras personas, tal y como lo dispone el artículo 295 del Código Procesal Penal.

Cañas Díaz figura como la única sospechosa de incumplimiento de deberes, que se castiga con entre uno y cuatro años de inhabilitación para ocupar cargos públicos, de acuerdo con el artículo 339 del Código Penal.

Este ilícito se define el momento en que un servidor público que ilegalmente omite, rehúse hacer o retarde algún acto propio de su función; o a quien no se abstenga, se inhiba o se excuse de realizar un trámite, asunto o procedimiento, cuanto está obligado a hacerlo.

La denuncia además está bajo análisis en las restantes instancias, indicaron a este medio sus departamentos de comunicaciones.

"Efectivamente, recibimos una gestión de parte de la Auditoría Interna relacionada con el tema, que actualmente se encuentra en admisibilidad y análisis. Conforme la normativa vigente no se puede brindar mayor detalle", destacó el Área de Investigación para la Denuncia Ciudadana de la Contraloría.

Por su parte, la oficina anticorrupción de la Procuraduría General de la República (PGR) señaló: "En atención a la consulta pendiente se identifica la denuncia n.° DEP-034-2022, que se encuentra en análisis de admisibilidad. En esta se denuncia a la señora Irene Cañas Díaz por, presuntamente, teletrabajar desde el extranjero, incumplir con la normativa interna referida a la acumulación de vacaciones y otros hechos relacionados".

La Abogacía del Estado agregó que, en apego a los artículos 6 y 8, de la Ley General de Control Interno y Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, respectivamente, así como el 10 del Reglamento a la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, existen limitaciones para el acceso a la información de expedientes de las delaciones administrativas que tramita.

"En razón de los citados impedimentos legales, esta oficina se encuentra imposibilitada a confirmar o negar que una persona en particular haya presentado o no una denuncia administrativa ante la Procuraduría de la Ética", explicó su oficina de prensa.

CRHoy.com también procuró un descargo de Cañas Díaz, a través de una solicitud tramitada por medio de su departamento de comunicaciones, que al cierre de esta publicación no había sido resuelta.

No obstante, el 4 de febrero anterior, luego de que trascendiera la denuncia en su contra, explicó que no se referiría más al tema, en el tanto que implicaba hablar de situaciones familiares que involucran a una persona menor de edad con discapacidad, a quien no desea exponer.

Sobre el particular, en aquella ocasión indicó: "La Auditoría Interna se encuentra en su derecho de interponer las denuncias que considere oportunas. Sin embargo, se debe tener claridad que la presentación de una denuncia no constituye la apertura de un proceso judicial. Las autoridades correspondientes deberán hacer el análisis del caso. No tengo nada que ocultar, y estoy a la disposición de todas las instancias".

Teletrabajo en el extranjero

La Auditoría Interna del Instituto Costarricense de Electricidad denunció ante 3 instancias distintas a Irene Cañas Díaz, por teletrabajar desde Panamá.

Así se desprende del oficio 0020-047-2022 al que CRHoy.com tuvo acceso, el cual fue emitido hace una semana  por la auditora general, Ana Sofía Machuca Flores, en respuesta a una consulta del jefe de fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Pablo Heriberto Abarca Mora.

La misiva explica que, con base en información que trascendió en diciembre anterior, abrió de oficio la investigación ADEE/61-36/PE/DENU/2021 sobre la supuesta atención de funciones fuera del territorio nacional de parte de la jerarca.

"Con fundamento en los resultados, evidencias y hechos probados que resultaron del proceso de análisis inicial realizado por esta Auditoría Interna, esta servidora en calidad de auditora general del Instituto Costarricense de Electricidad, procedió a interponer denuncia formal mediante oficio 0020-045-2022 contra funcionarios de la Administración Superior del Instituto Costarricense de Electricidad, ante las siguientes instancias: la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapa) del Ministerio Público; la Contraloría General de la República (CGR) y la Procuraduría de la Ética Pública de la Procuraduría General de la República (PEP-PGR)", se extrae del documento en poder de este medio.

Específicamente, el órgano fiscalizador atribuyó a la cúpula de la institución los presuntos delitos de incumplimiento injustificado de deberes, enriquecimiento ilícito y abuso de autoridad.

La Auditoría, sobre las actuaciones de la presidenta ejecutiva, señaló que durante el periodo comprendido entre el 23 de agosto del 2021 al 19 de enero del 2022, de los 106 días hábiles laborables, Cañas Díaz permaneció fuera del país durante 100 días hábiles.

Además, de los 6 días hábiles que permaneció en territorio costarricense, solo 2 días no se aplicaron como vacaciones y licencias.

Si bien el Consejo Directivo en la carta 0012-10-2022 del 12 de enero del 2022 enviada al legislador rojiazul, indicó que la situación de la jerarca es del "pleno conocimiento la Presidencia de la República y el Consejo Directivo", el ente fiscalizador aclaró "que la modalidad de teletrabajo en el exterior no está autorizada normativamente a nivel de la institución" y que la "Ley para Regular el Teletrabajo (9.738) tampoco contempla la posibilidad de hacer teletrabajo fuera de Costa Rica".

La Auditoría también apuntó que no comparte con el Consejo Directivo en su afirmación de que no le compete otorgar permisos a Cañas Díaz para que realice un cambio de domicilio laboral temporal, sino que le corresponde al Consejo de Gobierno, en el tanto que ese órgano tiene entre sus competencias, el nombramiento y la remoción de todos los miembros del ente superior.